Por Tony Villavicencio | Un lector de El Municipal Web pregunta qué es el Lawfare y le respondo lo que me dicen los libros.

“El término Lawfare es una contracción de law (ley) y warfare (guerra), que refiere a una guerra jurídica partidista: el uso del sistema judicial para desacreditar a un adversario político o ensuciar al que tiene la verdad que compromete al poder o/a los poderosos”.

Desde lo simple, no es otra cosa que fiscales y jueces corruptos que usan la justicia para consumar injusticias en beneficio del poder o los poderosos.

 En Latinoamérica y en nuestro país generó graves lesiones al Estado de derecho y a la forma republicana de gobierno, colocando al poder judicial a disposición y en defensa de los poderes fácticos.

Guerra Jurídica

Es por eso que, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo de la protección, fortalecimiento y promoción de los derechos repudian las prácticas de lawfare o “guerra jurídica” que se vienen sucediendo contra la vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner.

Hay que comprender que esta práctica posee consecuencias directas que lesionan y perjudican nuestro Estado de derecho, con implicancias negativas para el ejercicio y garantía de los derechos constitucionales más básicos de quien lo padece y, también, de los Derechos Humanos consagrados en nuestra propia ley suprema por parte de toda la sociedad.

Por ello, esta práctica viola integralmente los derechos de las personas víctimas de la persecución mediática-judicial, vulnerando los derechos receptados en nuestra Constitución Nacional y convenios internacionales, tales como el debido proceso, defensa en juicio (le negaron ampliar su declaración), principio de inocencia y demás garantías judiciales. Las injusticias cuando nacen de los administradores de justicia, aseguran los expertos, generan odio y violencia.

Por otro lado, esta mecánica de fiscales y jueces corruptos imposibilitan el ejercicio democrático y el sostenimiento de una democracia popular, al proscribir líderes y dirigentes que se opongan a los intereses de los grupos concentrados de la economía en defensa de las grandes mayorías.  

En este sentido, se crearon peligrosos marcos jurídicos en el seno del Poder Judicial. La llamada “doctrina Irurzun”, a modo de ejemplo, impone prisión preventiva a ex funcionarios públicos argumentando la existencia de un “poder residual” que les permitiría entorpecer la investigación en su contra. Curiosamente, la doctrina sólo fue utilizada contra ex funcionarios del gobierno kirchnerista, no aplicándose contra ex funcionarios de otros partidos políticos.

Un claro ejemplo de ello es el silencio sepulcral que guarda el poder judicial frente a aquellos que acordaron el crédito de deuda más grande de la historia con el Fondo Monetario Internacional, sin siquiera cumplir con los procedimientos legales obligatorios para este tipo de empréstitos, condenando a millones de compatriotas a vivir en la pobreza y con un impacto sumamente violatorio a los derechos humanos, especialmente en los derechos económicos, sociales y culturales.

Por ello, el lawfare (Tribunales  integrado por administradores de Justicia corruptos) constituyen una práctica antirrepublicana y violatoria de derechos procesales en especial pero también de Derechos Humanos, por lo que los ciudadanos  de todo el país debiéramos hacer en cada una de las ciudades de la argentina una movida   en defensa de la independencia judicial, para la democracia e instar especialmente, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que, como máxima autoridad del Poder Judicial, intervenga de manera urgente para restablecer la legitimidad del servicio de Justicia y, en última instancia, garantizar los Derechos Humanos en nuestro país.