Por Tony Villavicencio | Desde la década de los 80 a los años 2000, la crisis dejó más de 5.000 obreros forestales desocupados y sin posibilidades de reinserción laboral, algunas familias inmovilizadas por la pobreza, se quedaron en los montes de Copo.
Otros migraron hacia los centros poblados, donde subsisten de la limosna estatal que envía la nación mediante programas y planes sociales, marcando el fin, en lo que ha sido la previa del final de la clase trabajadora más explotada y sufrida del pueblo obrero argentino.
Cabe recordar que genuinos obrajeros desertaron de la actividad, muchos se reconvirtieron hacia la ganadería, algunos explotan el comercio y otros pocos viven de intereses, amasando la fortuna que dio la explotación sin límites de los montes, que es también una realidad, porque quien debía controlar y racionalizar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la justa paga al obrero debían ser los gobiernos que se desentendieron del futuro de los pueblo madereros del norte santiagueño.
Cabe destacar que la Ley nacional 26.331 de protección ambiental de los bosques nativos, más conocida como la Ley Bonazo, que establece los presupuestos mínimo para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, sancionada el 28 noviembre del año 2007 y promulgada de hecho el 19 diciembre del 2007, llegó tarde a Santiago del Estero. Las cimitarras depredadoras de la ambición desmedida de obrajeros ya habían exterminado los quebrachos en lo que fue el enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento de todos.
Con esa realidad, económica y social se encontró el gobierno de Gerardo Zamora, al asumir en el año 2.005, habiendo creado el Ministerio de la Producción desde donde inició ya no de proteger los recursos naturales porque habían sido prácticamente exterminados los montes de quebrachos, sino la misión propuesta fue de salvar los bosques nativos instrumentando políticas de Estado.
Aquella vez, el gobierno equipó a la Dirección de Bosques con recursos humanos y medios logísticos para ejercer un mayor y mejor cuidado en las áreas boscosas de la provincia. Medidas que fueron implementadas por el Ingeniero Publio Araujo, recientemente fallecido para entonces al frente de la Dirección de Bosques, quien en aquella oportunidad, en declaraciones al diario El Santiagueño, expresó: “Ya no hay que proteger, sino ahora en Copo tenemos que intentar salvar de su extinción a los bosques nativos”.
Ley Bonazo
En el año 2008 el gobierno y el trabajo responsable desde la Dirección de Bosques y Fauna, permitió que la provincia fuera la primera en el país de cumplir con la Ley Bonazo a partir de los resultados de los talleres zonales y de la audiencia pública se creó el Consejo Provincial de Bosques que incorporó las modificaciones que se estimaron convenientes, y definió el mapa de zonificación con el fin de ayudar a la recuperación de la masa boscosa.
Es que el Consejo Provincial de Bosques en su propuesta, incorporó las modificaciones que se estimaron convenientes y definió el mapa de zonificación. También se decidió que el ordenamiento debe ser entendido como un proceso intersectorial, interdisciplinario, participativo y permanente de adecuación y actualización de la clasificación de los bosques, lo cual siempre se deberá realizar mediante consultas a la sociedad y estudios técnicos específicos. Todo está previsto en la ley provincial de zonificación de los bosques instrumentada por el actual gobierno provincial.
Es decir, es demasiado e importante lo realizado por el gobierno provincial en esta última década e intentó organizar el desorden que siempre imperó en el cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales. Empero, la realidad actual de los bosques en el departamento Copo, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno, nos indica que el quebracho colorado y quebracho blanco fuera de las dos áreas restringidas, se exterminaron el 75% de la superficie del territorio, son troncos y fachinales, convertido en un verdadero paramo.
La escasa madera de quebrachos procede de pequeños islotes, que supieron cuidar las familias de ocupantes de territorios fiscales, en los dos últimos años son invadidos por verdaderas bandas de chimberos, que ingresan a las posiciones en casos hasta armados. Como ocurrió la semana pasada con los lotes de Raúl y Héctor Mansilla.
Sorprende que a pesar de las denuncias de los ocupantes poseedores de la tierra y de sus montes, no se observar intención de actuar e investigar generando la sensación de que algún poder de la política estaría influenciando en la policía para evitar la represión de estos delitos que peligrosamente se instalaron en las poblaciones rurales, marcando una peligrosa ausencia de Justicia.
Nadie duda que los recursos naturales de Copo en estos últimos dos años responden a los intereses e influencias de la política local, prácticamente han sido exterminados y ahora desde los aserraderos locales son largas las distancias que deben recorrer para obtener la materia prima, y con frecuencia en estos últimos tiempos los fleteros locales traspasan los límites y explotan los montes de Chaco y también de Salta, donde se realizaron procedimientos sorprendiendo madera explotada en esas vecinas provincias con destino a los aserraderos de Monte Quemado. Podemos citar como referencia los procedimientos más recientes ocurridos en el lote denominado Choya (Salta) y el Mangrullo (Chaco).
Al respecto, el intendente de la vecina ciudad de Taco Pozo, Carlos Ibáñez, en declaraciones a los medios de comunicación de su provincia, responsabilizó al poder político de Monte Quemado de proteger a quienes ingresan en acoplados tirados por tractores con la madera explotada y hurtada en territorio Chaqueño. “No son empresarios, es una Cooperativa de chimberos encabezados por el intendente, que ingresan desde Santiago con tractores y acoplados a talar y cargar la madera que nos cuesta cuidar a los chaqueños”.