Por Tony Villavicencio | Los diarios suelen transmitir denuncias de corrupción. En la mayoría de los casos, comentan la participación de servidores públicos y/o representantes de algún poder del Estado como involucrados.

Se denuncia en abundancia a los corrompidos, se ataca al Estado y a sus agentes, pero se calla sobre los corruptores, que son las empresas privadas.

 Los medios afirman que lo hacen para combatir el enriquecimiento ilícito A costa del esfuerzo del estado. Hay funcionarios que ponen al servicio de las empresas organismos y hasta de algún poder del estado, como es el caso de la empresa del latifundio que operan en la justicia, mediante el tráfico de influencias, marcando dentro del   territorio provincial espacios de un estado ausente sin justicia y con comunidades al borde de la violencia. Pero claro el culpable siempre es el mensajero, o el empleado que se anima denunciar a los empresarios y funcionarios infieles del estado.   

De lo que casi nunca se habla en los diarios es de los corruptores. Que corrompen a los funcionarios y socaban al estado, Empero  tampoco se refieren a la persecución de las trabajadoras y los trabajadores públicos que se levantan en contra de un sistema  que enturbia, la transparencia de un gobierno que lo aseguramos es presidenciable y que en su gestión sembró obras de infraestructura y de servicios a lo largo  y ancho de toda la provincia. No es porque nos contaron, sino porque recorremos todo el interior provincial y vimos como en estos últimos 12 años se transformó al Santiago exportador de fámulas y capacheros, en el nuevo Santiago  productivo, agrícola y ganadero.

Solo los necios y los fanáticos podrán negar al nuevo Santiago y al gobierno del progreso hay que cuidarlo, denunciando a los focos de la corrupción y es lo que hicimos y es de las consecuencias lo que vamos a tratar aquí. De la pérdida de puestos de trabajo, de las amenazas, de los desplazamientos y de las injusticias que son muchas veces la consecuencia para quienes visibilizamos los focos de la corrupción que contaminan y anulan la presencia de las instituciones del Estado.  

No cabe duda de que la forma de hacer política y de gobernar en nuestro país genera corrupción. Nos hemos cansado de ver a los traficantes de influencias operando en los distintos niveles de la estructura del estado acomodando a las empresas financiando elecciones para mantener el control sobre los parlamentos, anulando o comprando decisiones judiciales que las favorezcan, perpetuando la impunidad.

Lo mismo sucede con los nombramientos en puestos claves de gobierno de personas con claros y fuertes intereses corporativos y financieros, y lo vimos en el gobierno de Mauricio Macri, y también lo vimos en los dos últimos gobiernos del Dr. Carlos Arturo Juárez, (Curi-Ikc) empresas y empresarios que se disputaban el poder y de esa forma la corrupción, avanzo hasta la misma medula de ese gobierno, que termino como todos sabemos termino, después de 50 años de liderazgo.  

Todos admiten que estos hechos se producen, pero siempre el culpable va ser el cartero, no hay real interés de la clase dominante en cambiar en los distintos niveles del periodismo y en otras organizaciones que luchan contra esta situación hay innumerables registros de una fuerte persecución contra quienes denuncian la corrupción dentro de una estructura de gobierno y si estas dentro del estado pagas caras tus denuncias, te judicializan, te fabrican causas, te convierten en delincuente, incluso por ser leal a tus principios y convicciones y también al Estado,  te hacen pagar hasta con la vida. Hay muchísimos casos de la venganza del poder político contra quienes denuncian lo ilícito, Yo particularmente lo he sufrido en otra historia que en mi libro lo voy a contar.

Empero digo se hace necesario hoy, como una de las formas de combate a la corrupción defender a las y los denunciantes, especialmente a quienes son más vulnerables, como las trabajadoras y los trabajadores públicos sujetos a una fácil persecución, a veces les quitan el pan de sus hijos por ser files a sus obligaciones de trabajo y en otras hasta  los judicializan.

Una propuesta fue presentada recientemente como reacción a esta grave situación. En mayo de este año, representantes del sindicalismo internacional entregarán al director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Rider, una solicitud para que en ese órgano se constituya un comité que estudie la situación de vulnerabilidad de las y los denunciantes y, con las conclusiones a las que se arribe, se elabore una norma destinada a proteger a las trabajadoras y los trabajadores cuando denuncien corrupción.

La idea presentada por la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y sus asociados de la Unión Internacional de Trabajadores de los Organismos de Control (UITOC) busca defender y ofrecer mejores condiciones de trabajo a quienes tienen la tarea de investigar, inspeccionar, controlar y sancionar las diversas prácticas de corrupción, sea la actuación de los gobiernos de turno o, fundamentalmente la connivencia de estos o su permeabilidad a las presiones de los grupos de poder económicos inescrupulosos, empresas influyentes que usan el tráfico de influencias , conformando verdaderas organizaciones criminales, que exhiben vergonzante impunidad.

 No actuar firmemente ante el acoso o violación a un solo trabajador es suficiente para permitir disciplinar al resto de los trabajadores para evitar que se cumpla con el deber institucional de alertar y controlar la corrupción y se debería destacar la importancia de la defensa de las delatoras y los delatores de corrupción, preservando sus derechos contra represalias, combatiendo y rompiendo el ciclo de la eterna impunidad, que reina y destruye la credibilidad, en los responsables de administrar y cuidar los intereses del estado.