Por Tony Villavicencio | La peligrosa ausencia del Estado con la justicia y la policía de Monte Quemado, desactivada de sus obligaciones durante toda la jornada tuvimos que mediar, para evitar que se genere un hecho de violencia en el interior del departamento Copo y gracias a Dios lo logramos.

No vamos hablar del caso. Sí vamos a referirnos del valor al acceso de justicia al que peligrosamente, en oportunidades, se la niega desde los órganos de aplicación, respondiendo a otros intereses, alejados del espíritu de justicia que debería reinar en todos los niveles de la estructura judicial.

El acceso a la justicia es un derecho fundamental que debe garantizarse en una sociedad democrática, participativa e igualitaria. Es el derecho que tienen todas las personas a utilizar las herramientas y mecanismos legales para que se les reconozcan y protejan sus derechos.

No existe acceso a la justicia cuando, por motivos económicos, sociales o políticos, como en este caso, las personas son discriminadas por la ley y los sistemas de justicia. En la práctica, el acceso a la justicia se refiere a que debe garantizarse la igualdad de condiciones para que las personas puedan acudir a las Fiscalías o tribunales y solicitar las protecciones y remedios correspondientes de manera efectiva.

El acceso a la justicia garantiza que las personas puedan acudir ante las Fiscalías del crimen o la policía a denunciar un delito, a reclamar que se investigue y se protejan sus derechos sin importar su estatus económico, social, político, migratorio, racial, étnico o de su filiación religiosa, identidad de género u orientación sexual.

No se puede negar protección a una familia campesina que denuncia por séptima vez que está siendo víctima de un grupo de personas armadas, las que ingresaron al campo a incendiar su vivienda, a robar sus pertenencias, destruir herramientas y 7 kilómetros de alambrados. Ahora, por séptima vez vuelven los mismos delincuentes revitalizados por la impunidad, nuevamente  armados para ingresar al campo, robar madera, matar de un disparo a un ternero, permaneciendo en el lugar 48 horas, en un hecho que lo consumaron a la luz del día, intimidando a la familia ocupante que denunció  sin que nunca llegara  la policía, ¿No es extraño?. Hay que aclararlo no es el Mocase, al contrario, ahora las víctimas son del Mocase y todo indica que detrás del accionar delictivo de esta banda, se encuentra una empresa latifundista.  

El acceso a la justicia sin discriminación, es indispensable para el desarrollo social, económico y político de la provincia y el país. Para proteger los derechos, satisfacer las necesidades básicas y promover la participación ciudadana, es necesario garantizar el acceso más amplio posible a la justicia, implantando estrategias para promover los derechos, así como el trato justo e igualitario de quienes acuden a las fiscalías o la policía, en su calidad de auxiliares a pedir la protección de la justicia.

¿Existe un deber de promover el acceso a la justicia?

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Organización de Naciones Unidas en 1948, reconoce el derecho de las personas a acudir a la Justicia para proteger sus derechos:

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales  competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Además de ser un derecho fundamental reconocido internacionalmente, el acceso a la justicia es parte de la política pública. La Constitución de la nación argentina reconoce el derecho al trato igual y digno ante la ley.