Por Tony Villavicencio | La crisis sanitaria ha llevado a muchos gobiernos a una situación límite. Algunos se han atribuido poderes absolutos, mientras el malestar social de los más pobres pone a prueba a las democracias de las distintas ciudades de la provincia.
Empero es cierto el descontento social por el manejo de la crisis se ha hecho sentir en todo el país. En Chaco y Formosa señalan que se toman decisiones autoritarias, y que en Jujuy acusan al gobierno de no entregar los subsidios prometidos.
La pandemia puso al revés al mundo entero. Cada gobierno decide según su criterio la mejor manera de enfrentar la enfermedad. La mayoría ha optado por imponer cuarentenas, restringir la movilidad, cerrar fronteras y clausurar temporalmente negocios no esenciales. Antes de la pandemia, estas decisiones hubieran sido consideradas una afrenta a derechos fundamentales en los países democráticos. Pero actualmente la gente los aplaude y aceptan como un mal necesario. Por eso, esta situación excepcional les ha abierto a muchos gobernantes ya proclives al autoritarismo como es el caso de Monte Quemado, donde aprovechan la oportunidad de reducir libertades y afianzarse bajo la máscara de la urgencia.
En efecto, se debe entender que en Monte Quemado al miedo y la necesidad de respuestas oportunas permitieron al gobierno de Manuel Osvaldo Castillo aplicar a sus ciudadanos la idea de que el fin justifica los medios, y convirtió a la pandemia en una cacería de brujas, privilegiando y persiguiendo. Y en la ejecución, un grupo especializado integrado por policías y agentes municipales que salían a rastrear al adversario político transformándolo en enemigo invisible y hasta les fabricaban causas en nombre de la salud pública por encima de derechos y las libertades individuales.
“El virus no puede reemplazar a la razón”. No puede el intendente modificar protocolos, desconocer decretos y/o Leyes e imponer su propia Ley como es el caso de los ciudadanos a los que se les negó que ingresaran a la ciudad donde tienen sus domicilios, su casa, su familia y su trabajo y en el caso de ofrecer un lugar de aislamiento, sin causa que lo justifique se niegue y se los aísle en un alberge que no reuniría la seguridad y la higiene sanitaria que las circunstancias exigen. El caso más reciente es la grave denuncia de la joven estudiante de geografía, el cual tuvo repercusión provincial y nacional.
Por otro lado, la presidente del Consejo Deliberante, Zulma Diaz, clausuró hace ya ocho meses el Consejo Deliberante, impidiendo la participación del pueblo mediante su más genuino representante. Los concejales, liberando al poder ejecutivo municipal de los controles, en lo que es la anulación de una de las instituciones fundamentales para el funcionamiento del sistema democrático.
El intendente, sin Consejo Deliberante, en algunos casos ha utilizado la emergencia para conseguir beneficios particulares, como el de expedir decretos de necesidad y urgencia que les dan poderes como es el de la creación en Monte Quemado un grupo poli político, que se adueñó de las calles de la ciudad sin respetar garantías y derechos de los ciudadanos que se muestran hambrientos de justicia y que permanecen callados como quienes esperan el momento.
Algunos creen que el autoritarismo en Monte Quemado se retroalimenta. “La crisis sanitaria, aunque ahora descomprimida, preocupa y fue la ausencia de los controles naturales que le quitó transparencia a un gobierno que abusa del poder y es severamente cuestionado por la nula ayuda y controles a las familias que sobreviven el día día y permanecieron aisladas reclamando alimentos, cargando en sus estómagos el dolor, el abandono y la indiferencia de un gobierno de familia que ya no puede esconder que se alejó de sus gobernados y sin los controles del Consejo Deliberante usa las instituciones del pueblo, para beneficio de su familia.