Por Tony Villavicencio | El abuso de poder, en todas sus variantes y modalidades, es uno de los grandes males que la sociedad argentina debería intentar combatir.

Hay un discurso políticamente correcto que se hace público y otro reservado, oculto, pero que es verdaderamente lo que se piensa o se siente y aflora ante determinadas situaciones, sobre todo en momentos de tensión donde la presencia policial es la principal herramienta del Estado en el cumplimiento del protocolo de la crisis sanitaria que nos impone la prolongada y necesaria cuarentena.

Nadie puede dudar la eficaz labor de la policía de Santiago del Estero y es justo resaltar los valores de la fuerza policial que se encuentra en la primera línea de combate para evitar el contagio del Covid-19. En esa acción también hay un Gobierno que obra con mano dura, impone las reglas que hoy nos permite tener uno de los más bajos niveles de contagios y, gracias a Dios, no tuvimos que lamentar una sola muerte en la provincia.  

Empero, sin desmerecer la eficacia, tenemos que ser claros, directos y consientes que durante el tiempo de cuarentena hubo algunos hechos aislados de autoritarismo policial que ocurrieron y aún más se notaron en Monte Quemado, donde se escucha voces de injusticias.

La lista podría ser larga con sólo apelar a la memoria de algunos casos de resonancia mediática de los últimos tiempos. Obvio que no figuran en esta apretada síntesis, el abuso diario que sufre la gente cuando se enfrenta a distintas situaciones y a personas que cuentan con una pequeña cuota de poder, sea en el ámbito privado o en lo público.

Es necesario referirnos a lo ocurrido el miércoles con la joven Pilar. Ayer, en los medios locales, nacionales y las redes sociales reproducían un video donde la mujer, que se la percibía no estar en sus cabales, intentaba debilitar el accionar policial invocando vínculos de parentesco con el gobernador, a la vez que emitía insultos y otras incoherencias propias del desequilibrio emocional por presunto consumo de alcohol.

Se informó que se la imputó a la ciudadana los delitos por vulnerar el artículo 205 del Código Penal (sobre medidas preventivas ante la pandemia), incluido “atentado y resistencia a la autoridad”.

El procedimiento fue gravado por la cámara de la policía y la falta de celo en la custodia del video, lleva a que por acción o por omisión se viralicen las imágenes (llevando esto a todo tipo de burlas por parte de la sociedad), transformándose en un claro abuso de poder y, lo que en principio parecía un correcto procedimiento, se vio desvirtuado.

Desde nuestra ignorancia con sentido común, entendemos que los estados no debieran facilitar a elementos a los medios para denigrar o descalificar a un ciudadano imputado de un delito. La policía es el Estado y el Estado debe obrar todo dentro de la ley y nada fuera de ella.