Por Tony Villavicencio.- La inseguridad vial, un problema que la sociedad argentina no sabe enfrentar, y entonces lo poco o mucho realizado por el Gobierno de la provincia, no alcanza para frenar el flagelo de la injustas muertes en los accidentes de tránsito de todos los días.

En Santiago del Estero, la ex gobernadora, Claudia de Zamora, decretó la emergencia vial en la provincia y desde entonces se dictan cursos de capacitación y concientización, pero lamentablemente pareciera que el esfuerzo del gobierno no es suficiente. Si bien es cierto, se frenaron los accidentes, eso duró poco y hoy las tapas de los diarios, que informan y muestran los siniestros, nos develan que todo sigue de igual a peor y en eso tiene mucho que ver la sociedad santiagueña.

El problema no es sólo de Santiago del Estero, sino de una Argentina que hoy se desangra como nunca, a consecuencia de muertes violentas en siniestros viales. En el país, en estos últimos años, hubo miles de muertos en accidentes de tránsito.

Políticas de Estado

Es nada lo que se ha instrumentado como política de Estado con respecto a la seguridad vial en el país. Se sabe que hay proyectos que están en los discursos de algunos pocos funcionarios de Cambiemos, pero, como en todo este gobierno, los funcionarios, al igual que el presidente Mauricio Macri, trasmiten en los discursos lo que se construye con la palabra y no se cumple. El desinterés del Gobierno nacional sobre la problemática de los accidentes de tránsito es única.

En ese sentido, cabe recordar que el presidente Macri recibió un lapidario informe de las autoridades de Vialidad Nacional sobre los accidentes de la Ruta 34, en su trazado por las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero y la sugerencia de la necesidad del urgente ensanchamiento de la carretera. Ruta nacional que es a su vez la columna vertebral del intercambio comercial del norte con el sur del país. De esto hace ya tres años y todo sigue igual, nada ha cambiado y de los accidentes y muertos que la inseguridad de esa ruta a diario provocan, sólo se ocupan los periódicos.

Emergencia vial

La ex gobernadora, Claudia de Zamora, fue quien declaró la emergencia vial de la provincia y su cumplimiento disminuyó los accidentes de tránsito. La Nación hizo lo propio y ya está vigente una ley nacional de Emergencia Vial, una ley sorda y muda porque nadie la hace cumplir.

Son pocos los políticos que desde el retorno de la democracia se han preocupado por encontrar soluciones al fenómeno, salvo los oportunistas de siempre dirán que es necesario “incrementar los controles”, pero este prototipo de solución es igualmente inútil que aquella que pretende frenar la inseguridad con más policías en la calle.

El número insoportable de víctimas relacionadas con accidentes de tránsito ha crecido exponencialmente y la gravedad de este escenario no requiere de otra solución que la remoción inmediata de los contraventores de la calle. La desidia y el desinterés de los políticos -siempre preocupados por conseguir el voto- han logrado que la Argentina siga sin contar con un registro único de violadores de las leyes del tránsito.

Un registro similar permitiría suspender la licencia a quien cruzare tres luces rojas, una tendencia que ya indica un absoluto desinterés por la vida por parte del conductor. Los colectiveros y camioneros aplican en las calles y rutas del país, la ley del más fuerte y son los protagonistas clásicos de esta historia. Con la impunidad de siempre, continúan violando toda ley de tránsito habido y por haber, a veces en convivencia con sus patrones, porque son pocos los empresarios que no construyen su riqueza, bajo la sombra de algún funcionario que los protege y está dispuesto a eximirlos de la multa.

Pues hay que decirlo, hoy por hoy se ven miles de autos mal estacionados en las calles de todas las ciudades del país, vehículos estacionados sobre la vereda o estorbando las rampas para personas con movilidad reducida son moneda corriente.

Motovehículos

Los motovehículos son hoy considerados "la plaga de las calles" de las ciudades. En ocasiones es normal ver a estos conductores que se violentan fácilmente y golpean a los agentes de tránsito, y en ocasiones es de esperarse el desprecio por la vida ajena y hasta propia que muestran algunos motociclistas. Cruzan los semáforos en rojo, te quieren sobrepasar por la mano del cordón, cargan a la pareja, a los hijos y hasta a la abuela en un vehículo que está limitado para dos personas.

En jornadas con mucho tráfico, es normal ver que se movilizan por la mano contraria para adelantar a otros vehículos. Las motos, finalmente, están cercanamente relacionadas -en la mayoría de los casos- a cuestiones de inseguridad urbana.

Hay demasiadas motos en el parque automotor y esto debería detenerse ahora mismo. La falta absoluta de responsabilidad de sus titulares impone la necesidad de incrementar los impuestos para quien las adquiera, a los efectos de desalentar su consumo. Aunque sea una medida drástica, ¿cuántas muertes se evitarían? Si se tiene en cuenta que aquí en Santiago del Estero tenemos un promedio por semana de cinco motociclistas muertos en accidentes ¿Algo hay que hacer para que los motociclistas no se sigan matando? Habría que imponer un impuesto elevado sobre el precio final de la moto -como sucede en ciudades importantes del mundo como Tokio, Hong Kong y otras- sería un buen comienzo. El lector podría enterarse el día de mañana que en ciudades orientales, por ejemplo, las motos con alto nivel de ruido en decibeles -como las que vemos en el país- tienen prohibida la circulación, aquí también (en Argentina y en Santiago del Estero) están prohibido los ruidos molestos, pero nadie se preocupa en hacer cumplir la ley.

Picadas

La cuestión de las picadas excede a todo lo tratado hasta aquí. Recientemente se ha asistido a nuevas muertes, entre otras, el doloroso fallecimiento del hijo del intendente de Los Telares, José Araujo, ha provocado gran conmoción en esa ciudad y toda la provincia.

La única solución aceptable para la cuestión de las picadas es que la actividad sea pasible de penalizarse con prisión efectiva para los mayores de edad. Del mismo modo que el condigo de faltas reprime con privación de la libertad al que se encuentra bajo los efectos de bebidas alcohólicas, también debe de sancionarse a quien pone en riesgo la vida de terceros, participando u organizando carreras clandestinas en lugares no autorizados para ese fin. La solución sería privarlo con cinco o 10 días de prisión efectiva al que participa y organiza desde la clandestinidad estas carreras, que no son más que una ruleta rusa.

En Argentina, después de la declaración de la emergencia vial, los cursos de educación y capacitación vial que se realizan en Santiago del Estero ¿Se hizo algo para mitigar el problema a nivel nacional? ¿Acaso promovió la creación de algún registro único para seguir a quienes violan las leyes de tránsito? ¿Desde las otras provincias se ocuparon de promover campañas en pro de la educación vial? ¿Ni siquiera se ha contado las muertes que se produjeron en estos últimos cuatro años? ¿Habrá notado el presidente que las muertes como consecuencia de accidentes nunca ha sido mayor en el país que durante su estadía? El Gobierno nacional no ha hecho absolutamente nada al respecto. Seguramente no lo hará ahora. Los argentinos seguiremos contando las muertes injustas en siniestros viales, ocurridos en calles y rutas de nuestro país, porque hay un Estado nacional que se declara en emergencia vial, para el marketing de la política implementando leyes sordas y mudas que no se las hace cumplir.