Ante la inminente resolución de la justicia, donde se presentaron los recursos de amparo, el intendente municipal de Añatuya, Héctor Ibáñez, derogó su propio decreto y todo volvió al principio, restituyendo los ascensos y devolviendo a la planta permanente a los empleados municipales que había convertido en contratados. En lo que respecta a los 37 empleados municipales despedidos de Monte Quemado por el intendente Manuel Osvaldo Castillo y su hija, secretaria de Gobierno, sería inminente en los próximos días el pronunciamiento de la justicia.

La reacción de los empleados municipales de Añatuya fue de malestar y rápidamente comenzaron, a través de sus representantes gremiales, a reunirse para buscar una solución a una medida que consideraban “injusta y arbitraria y que vulnera los derechos de los trabajadores municipales”, según expresó el representante gremial Marcelo Pereyra en su momento en diálogo con Nuevo Diario.

El pasado miércoles, representantes provinciales del gremio de UPCN, haciéndose eco de los reclamos de los trabajadores y luego de distintas reuniones en donde los empleados expusieron su problemática, y tras una frustrada primera reunión, se entrevistaron con el intendente municipal, quien presionado por esta situación dio marcha atrás, y por la eminente resolución de la justicia a favor der los trabajadores, emitió el jueves 3 un nuevo decreto que a su vez derogaba su propio decreto anterior.

En una reunión con los empleados, realizada al día siguiente, los delegados locales de UPCN informaron los pasos a seguir en cuanto a la degradación de categoría sufrida por más de 115 empleados municipales, y hoy el intendente hizo marcha atrás y derogó el anterior decreto, devolviendo las jerarquías y la situación de planta permanente a los trabajadores.

Monte Quemado

La situación por la que atravesaron los municipales de Añatuya es la que también, actualmente, viven 37 empleados (y sus familias) de la ciudad de Monte Quemado, quienes fueron cesanteados por el intendente Manuel Osvaldo Castillo, en lo que fue su primer acto de gobierno, que consumó a pocas horas de haber asumido la intendencia, decretando cesantías, las cuales firmó con su hija, Silvia Castillo, que ejerce el cargo de secretaria de Gobierno.

Por estos días, la municipalidad debió cumplir con los informes demostrativos de los fundamentos del decreto en el que originaron los despidos (no observar idoneidad), cuando nadie duda que fueron despedidos por cuestiones políticas y crearon espacio en el presupuesto para acomodar en el municipio a punteros políticos afines al grupo de la familia gobernante.