Los vecinos de Nueva Esperanza, departamento Pellegrini, se reunieron en la plaza pública y por segunda vez se manifestaron por las calles, reclamando justicia y peticionan la intervención de la Comisaría Seccional 32, en lo que es una manifestación legítima, consentida por la Constitución Nacional.

Los reclamos están dirigidos a un reducido grupo de policías involucrados, que prestan servicios en la comisaría 32, a quienes se les endilga, entre otros hechos de abuso, el accidente (de extrañas circunstancias) ocurrido el pasado 24 de diciembre, en el que perdió la vida el periodista, locutor y maestro Gustavo Antonio Sánchez.

A partir de los acontecimientos que ponen en la vidriera a un resumido grupo de policías, un alto funcionario de la dependencia, vestido de civil, escudándose en uniformados pertrechados en la puerta de la dependencia policial, intimidó a los manifestantes y en especial dirigiéndose al septuagenario padre de la víctima, José Sánchez, quien le recriminó que “deje de instigar a la violencia. Es ustedes quien instiga a la gente y van a tener que responder a la justicia por venir a provocar a la policía”, a la vez que, con el dedo acusador en actitud intimidatoria, señaló a un hermano de la víctima, hecho que fue observado y repudiado por todos los manifestantes.

Al funcionario, es necesario informarle que en Argentina, las manifestaciones y protestas sociales pacíficas se encuentran contempladas por la Constitución Nacional, dentro de las garantías y derechos de los ciudadanos, por lo que se convierten en un instrumento esencial para la reivindicación, la protección y la promoción del más amplio abanico de derechos civiles, políticos, económicos, laborales, sociales y culturales.

Muchos de los derechos fundamentales que actualmente la ciudadanía ejerce y disfruta libremente, se obtuvieron a través de la expresión pública de estas demandas sociales. Lo que llamamos derecho a la manifestación es la conjunción del pleno ejercicio de otros tres derechos fundamentales: La libertad de expresión, libertad de libre asociación y libertad de reunión pacífica.

Los ciudadanos de Nueva Esperanza se han organizado para lograr que muchos de los derechos consagrados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales se efectivicen, mejorando la calidad de vida de personas y colectivos afectados dentro de lo que es el marco de un estado de plenos derechos.

Esta vez los vecinos se han organizado, para peticionar justicia y expresar un estado de inseguridad, denunciando el obrar de un minúsculo grupo de policías, los que estarían abusando y obrando con impunidad, comprometiendo el funcionamiento de la seguridad.  

Es obligación del Gobierno ponerle oídos al reclamo por la seguridad y la justicia y debería poner en movimiento las herramientas que los conduzcan a la verdad que reclaman los manifestantes, que en cada marcha se multiplican y seguramente, el próximo viernes 25 de enero se triplicarán.

Los manifestantes están alertando que con esa policía no se sienten seguros, y entonces ya no pueden ser juez y parte, darle a esa misma policía el derecho de hacerse cargo del procedimiento por el que están siendo seriamente cuestionados, donde no sólo es el caso del accidente en el que perdiera la vida el locutor, periodista y maestro Sánchez, sino se suman una cadena de hechos que hoy la gente se anima a denunciar y que habrían sido protagonizados por esos mismos efectivos. Es justo aclarar, por la honorabilidad de los buenos funcionarios, que los hay en esa misma dependencia, que los cuestionados no son más de cinco. Lo que el pueblo no se puede establecer, es quien los protege.   

La gente de Nueva Esperanza está casada de murmurar y ahora con valentía y legítimo derecho han salido a manifestarse y también peticionan a las autoridades de la provincia una lucha abierta contra el narcomenudeo. Un concejal denunció públicamente y los manifestantes expresan que los ciudadanos se sienten indefensos ante el avance del flagelo de las drogas, con el contrapeso de un sector de la policía más preocupados en organizar bailantas, donde se consume alcohol, otros tragos y sustancias, promueven juegos de azar y carreras cuadreras. “Son apenas un grupito de policías”, denuncian los manifestantes y los sindican como los dueños de la noche, el juego y la diversión.

El gobierno y los niveles superiores de la fuerza tienen que escuchar a los manifestantes y al menos investigar, interpretando que cuando las personas se organizan, se encuentran con que los problemas, lejos de ser individuales son compartidos. Entonces, se buscan soluciones colectivas, y es el Estado quien debe intervenir mediante mecanismos válidos, para garantizar la seguridad del ciudadano y los ajusticiados estén expuestos a una justicia justa e impregnada de verdad, porque la justicia es eso, verdad y es lo que los vecinos, amigos y familiares del extinto periodista y locutor reclaman.   

La comunidad, cuando se organiza colectivamente para hacer un reclamo, es un derecho que ejerce, avanzando hacia un objetivo, que en este caso tiene que ver con la justicia y la seguridad. Las organizaciones populares se agrupan, para alcanzar determinados propósitos y para resolver las demandas y las necesidades.

La historia nos demuestra que cuando la sociedad se organiza y pacíficamente peticiona, consigue mediante reclamos, derechos: como lo es el de la Justicia, mejor seguridad, trabajo digno, igualdad, educación, entre otros que mejoran su calidad de vida. Por ello el derecho a la protesta pacífica, no sólo debe ser reconocido, sino que debe ser protegido y garantizado por el Estado y el funcionario policial. Para ello deben ser fieles intérpretes y custodios de los derechos y garantías de los ciudadanos. Es triste y repudiable entonces que un policía jerarquizado intimide y amenace a un anciano que se manifiesta pacíficamente, dolido por la injusta y extraña muerte de su hijo.