El gobierno municipal de Manuel Osvaldo Castillo dejó sin trabajo a otros 52 jornaleros de escasos recursos, a los que, por su condición de extrema necesidad, el municipio les asignaba el trabajo de barrido de las calles.

Por dos horas de trabajo diario, en el gobierno anterior percibían 1500 pesos cada quincena, en su mayoría se trataba madres solteras, mujeres con hijos discapacitados, personas con capacidades diferentes que provenían de hogares con extrema necesidad, las que trabajaban en la sección limpieza y barrido de las calles asfaltadas de la ciudad.

Al asumir el intendente Castillo, el pasado 31 de octubre, designó en las Secretarías a sus dos hijos, a su consuegro, en Economía y otros miembros de su parentela en otros cargos ejecutivos, en lo que es el más claro y vergonzoso nepotismo que se conozca en todos los años de democracia en la provincia de Santiago del Estero.

Iniciado el gobierno de familia, en la Municipalidad de Monte Quemado los abusos de poder no se hicieron esperar, con despidos y rebajas de categorías que responderían a intereses políticos. Ayer, nuevamente se sacudió la sociedad, cuando se conoció oficialmente la medida de dejar afuera a las más débiles del sistema, quitándoles la asignación de 3.000 pesos mensuales desdoblados en dos quincenas. Del mismo modo que sucedió con los cesanteados de planta permanente, también en lugar de los de la sección de barrido, en lo que fue otra burla, fueron sustituidos por nuevos beneficiarios designados por compromisos políticos preelectorales.

Está claro que, para ejercer de manera notable el poder político, el ser humano necesita, además de una buena preparación intelectual, otra serie de condiciones, como son: un espíritu de trabajo pensado en el bien común y más aún la función pública, que demanda solidaridad y sensibilidad, dos condiciones humanas que de este actual gobierno están ausentes.

Al respecto, James Madison, presidente de los Estados Unidos, escribió: “Si los hombres fueran ángeles, no serían necesarios ni los controles externos ni los internos, sobre el gobierno (...). Pero como somos humanos, se han creado una serie de poderes, para intentar controlar los posibles desmanes del que ejerce el poder”, y esto es el más claro y contundente ejemplo, lo que sucede con el gobierno municipal de la ciudad de Monte Quemado y son las víctimas y los vecinos los que esperan el obrar de la justicia.  

Uno de los principales abusos del poder político, es la persecución por la ideología, cultura propia de los regímenes totalitarios y de las monarquías absolutas de la antigüedad, que ejercían un poder tiránico, que ha costado a la humanidad infinidad de vidas y atropellos a los derechos humanos de los ciudadanos.

El ejercicio de la coerción política es otro de los abusos del poder, como bien dijo Max Weber, “el Estado es el único que posee la legitimidad de la violencia física legítima”, para ello; la usa en infinidad de conflictos sociales, políticos y laborales.

Las amenazas, la represión, las restricciones de la libertad, impidiendo a los ciudadanos ejercer sus derechos y la libertad de expresión, como es el caso de dos empleadas municipales, Marcela Maldonado y Romina Navarro, esta última denunciada, citada por la policía por cargar en el Facebook un instrumento público, en una denuncia que raya el absurdo. Pero sirvió para intimidar.

Cesantear a 37 empleados de planta permanente y designar en su lugar a los que responden a su partido político, es una medida administrativa de gobierno que esconde la cobarde intención política de enfrentar al pan contra pan, atentando contra el estado de derecho, contra la estabilidad laboral y menoscabando la dignidad de la persona humana.  

Cuatro maestras jardineras, en plena clase, reciben la notificación de sus despidos, sin causa alguna, provocando de ese modo la interrupción del periodo lectivo de 100 niños que concurrían a las salas de 3,4 y 5 años. Despidos que responden a intereses políticos, pero no porque las maestras sean dirigentes políticas, sino por el solo hecho de que el gobierno que pasó las designó en el cargo, del mismo modo que ocurre con los más de 30 obreros municipales cesanteados, a los que también descendieron de categoría y ahora las víctimas son las 52 trabajadoras de la sección barrido, madres soleteras, con hijos discapacitados, personas con capacidades diferentes, todos provenientes de sectores con extrema necesidad, a los que el gobierno de Manuel Osvaldo Castillo, en otros acto de insensibilidad, despojó del subsidio, sin tener en cuenta la condición de vulnerabilidad de cada uno de estos  beneficiarios.

En Monte Quemado, la gente está indignada, se escuchan voces de disconformidad y no son pocos los que aseveran que el nuevo intendente llegó al municipio para acomodar a su familia en cargos ejecutivos claves.