Fuentes policiales aseguraron que las bombas caseras, armadas con tubos de gas butano con un timer, tenía un “panfleto amenazante”, firmados por el Partido Obrero, con la siguiente consigna: “Libertad a los argentinos presos en Congreso o los ataques seguirán”. El jefe de la PFA, Néstor Roncaglia, precisó más tarde que la amenaza estaba grabada en  una placa metálica.

Tras conocer la noticia, el dirigente Jorge Altamira negó vinculaciones del PO con el episodio, al que calificó como “una provocación”. “Todo esto es una patraña, tenemos 50 años de historia y nunca pusimos una bomba”, sostuvo en diálogo con A24.

Altamira pidió que quien investigue el caso “coteje la literatura nuestra con la sintaxis de ese volante y va a comprobar que no es el estilo de nuestros volantes y nuestras declaraciones. Eso me da la pauta de un fake”.

Tras las declaraciones de Altamira, el PO difundió un comunicado en línea con los dichos del dirigente. “Es una miserable provocación política contra nuestro partido, dándole visos de seriedad a un hecho completamente burdo”, afirmaron.

En tanto, el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, emitió un comunicado repudiando “enérgicamente la aparición” de los explosivos, que tenían “capacidad de daño y de incendio”.

“Rechazamos todo intento de fomentar la violencia y la inseguridad de los ciudadanos y alentamos a todos los partidos democráticos a repudiar este accionar violento y fuera de la democracia y los márgenes de la ley”, agregaron. La propia Bullrich se expresó minutos después en los mismos términos en las redes sociales.

En la investigación de lo ocurrido interviene el Juzgado Federal 12, a cargo de Sergio Torres. Además, la División Investigaciones de Amenazas e Intimidaciones Públicas de la Policía Federal abrió un expediente.