La policía de la provincia realizó allanamientos en Buenos Aires, en busca de dos empresarios y un directivo de sus empresas sobre quienes pesan órdenes de detención dentro de la investigación por presunta “asociación ilícita” y despojo de 250.000 hectáreas de tierras fiscales.

No pudieron ser ubicados en sus domicilios hasta la fecha.

Se trata de un proceso que impulsa la fiscal Gabriela Gauna con diversos procedimientos refrendados por el juez Darío Alarcón.

Los funcionarios judiciales trabajan ante supuestos despojos de tierras propiedad de la provincia y de familias de pueblos originarios que salpica, con imputaciones, a empresarios, abogados, empleados de empresas y hasta una notaria reconocida.

Se trata del expediente N° 1586/2013 denuncia interpuesta por la abogada Leticia Mabel Bravo y continuada por el Dr. Carlos Weyembergh.

Los buscados sin éxito son Guillermo Jorge y Ricardo Daniel Masoni, y Ariel Singolani.

La causa tuvo su origen en el 2013.

Leticia Bravo (ya fallecida) denunció la existencia y accionar de una “asociación ilícita” tendiente a despojar a las familias del interior de sus tierras, valiéndose de títulos de propiedad truchos capaz de “convertir” a los usurpadores en dueños.

Ausentes, eximiciones

Después de dos semanas de procedimientos, trascendió que aún son buscados por la Justicia por quienes se habrían realizado operativos en la ciudad capital y en Buenos Aires.

En virtud del fin de semana largo, la batalla “fría” se traducía en escritos que ingresaron ante la Justicia de Control y Garantías, pero nadie descartaba que partan habeas corpus ante el 4º piso de tribunales, todo tendiente a evitar la detención de los tres hombres.

Fuentes de la investigación confiaron que la presunta organización tenía una estructura “necesaria” para la apropiación de los campos y que el fin no era tomar posesión de las tierras para trabajarlas o producir en ellas, sino para venderlas.

Se sabe que la Justicia está entrecruzando información porque las tierras en teoría despojadas a sus genuinos dueños, en la actualidad se encuentran inscriptas, con vendedores y compradores.

La causa abre el interrogante principal que por estas horas le hace perder el sueño a numerosas firmas o empresas que compraron a los acusados grandes extensiones de hectáreas, al parecer, convencidos de que les estaban comprando a sus propietarios.

De confirmarse mediante la investigación judicial, que adquirieron propiedades a una asociación ilícita que se había apropiado ilegalmente de ellas, todos esos campos deberán volver al poder de sus legítimos dueños.

Se sospecha entonces que los acusados habrían montado una aceitada maniobra convertida en un gigantesco negocio inmobiliario.

Las tierras pasaron a manos de los hoy denunciados, previas batallas legales con sellos, documentos supuestamente falsos y hasta con denuncias en contra de las familias que (por el contrario) afirmaban ser las reales víctimas del despojo.

El proceso se originó en la década del `70, pero fue la abogada Bravo quien alertó a la Justicia, en 2013, sobre un negocio no visibilizado, ofreciendo pruebas y acusaciones con nombre y apellido.

IMPREVISIBLE SITUACIÓN

Los funcionarios dudarían de los

documentos en pugna en teoría “legales”

La investigación parte de un hecho clave. Se duda de toda la documentación que los imputados habrían obtenido.

Desde esa dinámica, los policías trabajan cotejando documentación y se sospecha que habría tierras con más de un propietario y, del mismo modo, más de un documento respaldatorio.

La maniobra se habría acentuado con personas que ya dejaron de existir, lo cual facilitaría a los impulsores de los despojos, ya que no encontraron resistencia legal en sus presentaciones.

Allí la Justicia focaliza sus sospechas: en las tierras especialmente “¿marcadas?” para que los imputados lograsen tomarlas como propias y después, de obtener derechos sobre ellas, presuntamente cristalizar jugosas operaciones de ventas, a compradores de otras provincias y hasta de otros países.

Durante esta semana, cuya actividad judicial comenzará mañana, se esperan nuevas presentaciones y que se determinen cuáles campos serían propiedad del Estado provincial o nacional, y cuáles serían propiedad de pueblos originarios.