Después de casi tres meses en prisión, Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa, empresarios cercanos al kirchnerismo, fueron liberados ayer por orden de la Cámara Federal, en una resolución que puede beneficiarlos con la multimillonaria deuda que mantiene Oil Combustibles con la AFIP.

“No estuve preso, estuve  secuestrado”, denunció el empresario en una improvisada conferencia de prensa. Levantó la voz para sugerir presiones del Gobierno sobre los jueces y para defender su situación judicial. “Todo  lo  que huele a Cristina debe ir preso”, insistió anoche frente a su casa en Puerto Madero.

La Cámara entendió -por dos votos contra uno- que tanto López como De Sousa debían ser liberados, ya que los movimientos societarios realizados dentro del Grupo Indalo mientras estaban inhibidos por la Justicia habían sido reportados oportunamente en tribunales. Los camaristas consideraron que la prisión era una medida de “alevosa arbitrariedad” y ordenaron la liberación inmediata, que se concretó horas después del fallo.

Los jueces también resolvieron (por mayoría) cambiar el delito que se les imputa a los empresarios, que están acusados por una deuda con la AFIP que supera los $10.000 millones por retenciones indebidas del impuesto a la transferencia de combustibles. Ordenaron que fueran investigados por delitos tributarios, lo que les abre una puerta a los empresarios para volver a reclamar el cambio de fuero al Penal Económico y, sobre todo, para ingresar a una moratoria con la AFIP. Eso haría extinguir la causa judicial, según pudo reconstruir La Nación.

“Es  un  escándalo”, dijeron desde la AFIP -todavía conducida por Alberto Abad- apenas se enteraron de la resolución judicial. Desde el organismo recaudador, que es querellante en la causa, quedaron descolocados por el cambio del delito y adelantaron que apelarán la medida.

Tras la liberación, la diputada Elisa Carrió, autora de la denuncia, dijo que hay “un pacto de impunidad” y lo vinculó indirectamente a la salida de Abad de la AFIP, quien se había opuesto a un acuerdo con el Grupo Indalo, y su reemplazo por Leandro Cuccioli.

Cristóbal López salió a paso tranquilo del penal de Ezeiza después de las cinco. Cargaba entre sus manos una caja con las pertenencias que acumuló durante los 86 días que permaneció detenido.

Los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah (Leopoldo Bruglia votó en contra) consideraron que la decisión del juez Julián Ercolini, que ordenó en diciembre la detención de los empresarios, “desafía la razonabilidad”.

Ballestero y Farah (que fue convocado para desempatar) sostuvieron que de ninguna manera podrían mantener en prisión a los empresarios para que el Estado se asegurara el cobro de la multimillonaria deuda. “El  decomiso  de los bienes, incluso de manera preventiva, es una cosa. El decomiso de la libertad es otra bien distinta”, cuestionó Ballestero en su argumentación.

En cambio, Bruglia -el único que votó en contra de la excarcelación- aseguró que la libertad de los empresarios podía conspirar contra la investigación y, en especial, sobre la posibilidad de que el Estado recupere los más de 10.000 millones que el Grupo Indalo le debe.