Asimismo, explicó: “Hay que decir que la Nación a las provincias no les da nada. Tiene que entenderse él esto: Santiago es la sexta provincia en balance comercial, con un aporte de 890 millones de dólares. Lo que vuelve es lo que nosotros aportamos como provincia”.
“Para que exista el subsidio ha existido primero una ley por la que se crea un tributo a los combustibles. Una parte de ese tributo pasa a formar el impuesto con el que se financia el subsidio al transporte. Este señor (Milei) ha decidido beneficiar a sus amigos del AMBA, la ciudad más rica en ingreso per capita de todo Sudamérica”, agregó.
Asimismo recordó que el reparto de los subsidios nacionales nunca fue equitativo para las provincias y ahora los quitó la Nación. “La jurisdicción que más subsidios recibió en el 2022 fue el AMBA que cobró 12.302,6 veces más que la que menos recibió Santa Cruz. Si se toma el último censo, el año pasado el AMBA recibió $ 13.194,81 por habitante mientras que Santa Cruz solo $ 44,98 por habitante”, describió.
"La diferencia de 150 a 680 pesos que paga cada usuario significa que va a tener que retirar ese dinero -que antes se volcaba en otra parte de la economía- para utilizarlo en el transporte. Resiente toda la economía de la provincia y están afectando a las clases más vulnerables", planteó.
El edil, también describió que “el precio del boleto único a $ 150 era razonable, porque entendemos que, transporte tiene que ser la posibilidad de que los chicos puedan ir a la escuela y que, los trabajadores, puedan llegar a su lugar de trabajo. Sin transporte no es posible el desarrollo” sentenció.
Subrayó que “por eso también el Ejecutivo Municipal realizará un esfuerzo presupuestario, muy importante, y va a mantener el boleto estudiantil gratuito primario. Lo va a mantener de acuerdo a conversaciones que hemos tenido con la Señora Intendente”.
Por último, remarcó que los ajustes caen del Gobierno Nacional sobre los sectores vulnerables, hoy más empobrecidos y sobre trabajadores y cuánto más sobre los jubilados; “No se quiere ajustar a la verdadera ´casta´ al no revocar la exención de inmuebles rurales en el Impuesto de Bienes Personales, que representa el 0,48 del PBI, o sea unas 450 personas residentes privilegiadas en el país sobre millones de jubilados”, concluyó.