Alas intendencias de La Quiaca y Abra Pampa, en los departamentos Yavi y Cochinoca, les llegó el apriete del gobierno jujeño.
Son comunas en donde no solamente se mantienen firmes los cortes sobre la ruta nacional 9, sino que además sus concejos deliberantes se manifestaron en contra de la reforma constitucional aprobada el 20 de junio en Jujuy. Debido a esos dos factores, y a ser municipios no amigos al gobierno de Gerardo Morales, La Quiaca y Abra Pampa soportan conflictos con sus empleados municipales porque no percibieron todavía sus haberes de junio.
Anoche, la intendencia de La Quiaca estaba en llamas. Los empleados municipales nucleados en el SEOM y trabajadores afiliados a ATE mantenían el paro de actividades iniciado a primera hora de la mañana de ayer y reclamaban ante les concejales una pronta solución para que el municipio abone los sueldos. Como el intendente Blas Gallardo se encontraba en Buenos Aires en gestiones oficiales, la presidenta del Concejo Deliberante, María Ester Laimes, a cargo del municipio quiaqueño, se encontraba en San Salvador de Jujuy. Durante toda la jornada de ayer, gestionó ante funcionarios de la provincia respuestas por la demora en las transferencias que permiten pagar los sueldos municipales. De esa gestión dependían alrededor de 700 personas.
"Nos tuvieron desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de oficina en oficina, y no dieron ninguna respuesta", se quejó Laimes. "Tampoco nos recibieron por la tarde", explicó a Página 12 ayer a última hora, mientras preparaba su regreso al altiplano jujeño.
"En La Quiaca esta ocurriendo un golpe institucional", denunció. "Estan presionando al vicepresidente segundo, que se ha descompensado", sostuvo refiriéndose al concejal del Frente de Todos Sergio Gorena. "Esto es un apriete político", insistió. "Encontramos en los pasillos al ministro de Economía Carlos Sadir", contó sobre el breve encuentro que tuvo con el gobernador electo de Jujuy.
"Le planteamos que necesitamos que nos depositen la parte faltante de los fondos y nos mandó a hablar con el secretario de la Gobernación (Héctor) Freddy Morales, porque él seguramente tendría una respuesta. (Pero) No nos recibió", contó Laimes. "Nos adeudan conceptos cooparticipables para pagar los sueldos", agregó luego en alusión a la asistencia financiera que el gobierno de Jujuy transfiere a los municipios desde 2005. "Casualidad ahora, que no llegó al municipio de La Quiaca", ironizó. "Nos adeudan exactamente 66.823.642 pesos en concepto de Ayuda Financiera. El municipio no puede hacer frente a ese monto y ahora que nos dicen que es un préstamo", añadió sobre las escasas respuestas que pudo encontrar en el gobierno de Gerardo Morales .
En La Quiaca, el Concejo Deliberante había quedado en manos de les concejales Hugo Barro y Felisa Nieve, de Juntos por el Cambio; Mirta Moscoso (PJ); Jorge Tejerina y Sergio Gorena, del Frente de Todos. Los medios quiaqueños documentaron a trabajadores municipales cuando presionaban ayer en las afueras del Concejo para que los ediles sesionen. A esa altura, María Ester Laimes ya había comunicado vía telefónica a todos los empleados comunales reunidos en los patios del edificio del Concejo que el gobierno jujeño no la recibía y que era imposible llegar a un acuerdo o solución para pagar los sueldos a la brevedad.
Alrededor de las 6 de la tarde, cuando comenzó a sesionar el Concejo con el Frente de Todos en minoría, los ediles de la mayoría ya no buscaban exclusivamente solucionar el pago de los sueldos adeudados. Celia Flores, delegada del SEOM en La Quiaca, confirmó a Página 12 que "las familias municipales piden la suspensión del intendente" Blas Gallardo. Avivando aún más la tensión, el concejal Hugo Barro, aliado del gobierno de Morales, denunciaba en medios quiaqueños que no le permitían revisar las cuentas municipales.
El jefe comunal quiaqueño, aún en Buenos Aires, denunció pasadas las 18 por redes sociales que el "Concejo Deliberante con el aval del gobernador Morales y Rubén Rivarola (dirigente del PJ jujeño)", se encontraba "sesionando para suspenderme del cargo de intendente". Detalló además que el gobierno jujeño "forzaba a sesionar a concejales, en contra de su voluntad y reteniéndolos en el recinto, privándolos de su libertad. Uno más de los tantos actos que rompen todo pacto democrático de una comunidad", aseveró. "La provincia vive un caos social, institucional y político que nadie escapa a esta persecución salvaje y fascista".
Durante las primeras horas de la tarde de ayer Gallardo explicó durante una entrevista las razones de su presencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Me reuní (el martes) con funcionarios del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y pudimos subsanar problemas con las carpetas técnicas (de los relevamientos territoriales). No estoy de vacaciones", aclaró. Desde la intendencia de Abra Pampa, Ariel Machaca solo dijo: "Estamos en reunión para solucionar el problema".