Por Tony Villavicencio | La palabra del sistema judicial en la democracia es la política pública que, en el marco de una República nos debería  brindar a los ciudadanos argentinos certezas y seguridad sobre lo prohibido y lo permitido.

Es decir, es fuente de certezas, de premios y de castigos cuando hay  legitimidad en la Justicia, la claridad de su mensaje y la intensidad del respeto que envuelve a esa palabra, es directamente proporcional a la capacidad de vivir en libertad,  organizados en base a derechos, sin reconocer otro señorío que el de la ley que condensa los valores que sedimentan en el que está anclada la organización social del  pleno funcionamiento de un Estado de Derechos.

En efecto, hoy los más vulnerables desconfían de la justica, los sectores medios y altos también. Aunque por distintos caminos, a veces con razón y a veces sin ella, los ciudadanos a partir de los últimos acontecimientos intuye que el poder judicial dejó de ser la institución en la que el Estado resuelve los conflictos, porque la justicia en argentina, se transformó en un instrumento de lucha de los poderes facticos.  

Muchas razones explican esa peculiaridad y me voy a detener en uno de los muchos costos de ese uso instrumental del aparato judicial al servicio de una oligarquía que ha de pesar de sus reiterados fracasos,  no ha entendido lo que debiera comprender y  nuevamente el uso de la justicia criminal como instrumento de disciplina miento y proscripción  política no les dará resultado.

Antes cuando alguien invocaba la búsqueda de justicia a través del sistema judicial, se encendía el enorme prestigio que generaba, la palabra justicia en las relaciones sociales. Sin embargo, por algunas razones está sucediendo lo que en la democracia de argentina nos está pasando cuando  dirigentes políticos  disfrazados invocan la “búsqueda de justicia” para castigar a los que consideran adversarios invocando la ley, aunque en la práctica la ley funciona como una excusa para la venganza  o la proscripción política de una dirigente  de los niveles de la vice presidenta. 

Las multitudinarias manifestaciones del pueblo en apoyo de la inocencia de la vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es un grito de fanáticos, sino es la reacción natural de un pueblo ante la injusticia. Es lógica  y  debería haber sido esperada la  protesta social, empero el pueblo  está convencido que se puede armar una causa con pruebas falsas y que  se utilizaron  poderosos dispositivos de comunicación  para engañar y  presentar  a la sociedad argentina falsas pruebas como el “resultado del trabajo de la justicia”.

No me voy a detener mucho más en ello, sólo me interesa remarcar que la diferente intensidad de penetración del sistema legal es una de las fuentes de su ineficacia y la corrupción crónica que reina en  un sector del poder judicial argentino que admite el uso de la justicia como instrumento de venganza  o de  proscripción política.  

Es triste pero real que a partir de lo que está ocurriendo en estos días, la sociedad  ve a la justicia como un aparato lejano que no pertenece a esta sociedad. El sistema de administración de justicia, entonces, carece de credibilidad. Esa combinación de liberalismo y capital asocia de manera acrítica dos derechos diferentes. El derecho a la libertad de expresión y el ejercicio a través de la explotación de noticias subjetivas y cuando no falsas trasmitidas por los medios del grupo Clarín en lo que es un verdadero atentado a la fe pública.

Así los partidos judiciales en América Latina matan los derechos en nombre de los derechos. El caso de los fiscales y el escandaloso juicio de vialidad, en Argentina, cuya principal inculpada es la vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner nos genera a los argentinos temor al sistema judicial que irónicamente, debería ser el lugar que nos proteja de los más fuertes y poderosos, mediante la aplicación de la ley.