El vínculo ilegal de la política, la policía y el narcotráfico, comprobado en algunas ciudades, impacta en la vida cotidiana de las comunidades.

Promueve en ellas estrategias y rutinas de supervivencia, por lo que es necesario resolver el problema del narcotráfico, pero también avanzar en los derechos sociales de la población.

El accionar del narcotráfico con la complicidad de la política y el respaldo de la policía no se limita únicamente a liberar el territorio, sino que al mismo tiempo establece un mecanismo de protección hacia quienes están procediendo fuera de la ley y ofrece un soporte material relacionado con recursos para la continuidad e incremento del delito.

La maldita sociedad del narcotráfico, la policía y la política abre las puertas de la impunidad y la inseguridad se hace sentir en las sociedades que ingresan a un peligroso estado delincuencial, donde las carencias sociales la convierten en una sociedad más vulnerable a caer en las redes del narcotráfico

Para comenzar una investigación a partir de un rumor no confirmado, que sostenía que la policía y los tranzas locales estaban arreglados, aunque no había evidencia empírica. Determinar nombres y territorios fue gracias a la ayuda de vecinos y de la colaboración de buenos policías, y de un fiscal, que a pesar de su juventud le basto su profesionalidad y su espíritu de justicia, para trazar los pasos de una investigación infectada por quienes deberían ser los custodios de la seguridad de una sociedad desquiciada.

Una serie de escuchas telefónicas sobre causas que dieron algunas pistas sobre el tema. El Estado ambivalente indicó que en su trabajo pudo dar cuenta de que la corrupción policial –en donde se pudo comprobar su existencia– iba más allá del simple hecho de esconder y desviar denuncias e ignorar las acciones ilegales para desfavorecer a denunciantes y beneficiar con impunidad a delincuentes.  

En la práctica se pudo conocer que había algunas autoridades intermedias que no solo liberaban el territorio, sino que regulaban y mantenían negocios con los principales implicados en la comercialización de la droga que circulaba en los barrios de la ciudad.

Los trabajos de campo realizados en los barrios marginales, los frecuentes desencuentros de grupos juveniles por el territorio y la connivencia entre políticos y las relaciones entre bandas de traficantes y la policía, fueron algunos de los síntomas que alertaban que la ciudad prácticamente se encontraba tomada por el narcotráfico.

Lo ocurrido en el barrio El Canal vino a reforzar la metodología y alcance de la investigación que se había iniciado con la detención de dos mujeres transas estrechamente vinculadas al poder político.  

Los vecinos conocían la existencia de esta relación entre algunos policías y los delincuentes, pero esto no significa que se queden de brazos cruzados. En muchos casos, la gente buscó los anticuerpos para enfrentarse a las tranzas del narcotráfico y suelen establecer nuevas estrategias, ya que al no confiar en la policía intentan resolver los problemas por su propia cuenta y buscan en el periodismo o en las autoridades judiciales la protección que no la encentraron en la policía.

Una de las situaciones que más impactó en la investigación fue advertir que padres y madres incurren hasta en hechos de  violencia, para que sus hijos no entren en el mundo de la droga, direccionando esa violencia ante sus propios familiares o bien hacia terceros que intentan corromperlos.

Pese a este contexto, no todos los policías incurren en estas prácticas, ya que hay policías profesionales que son honestos y están alejados de estas cuestiones. Lo que sí es generalizable es el procedimiento de la colisión, es decir, cómo está formado y de qué manera se desarrolla, con sus prácticas y estrategias que incluyen hasta con la entrega de armas, información y asesoramiento; la manipulación burocrática para no intervenir; los cambios en la rutina de trabajo y el señalamiento de la liberación del territorio.

Hay que advertir de qué forma impacta la complicidad y la corrupción en la política y en la toma de decisiones de los políticos. Es decir, de qué manera ese acuerdo entre una fuerza de seguridad estatal, como la policía, el poder político y los grupos de narcotraficantes se mesclaban con la militancia que rodea a esos actores que obraban encubiertos invocando una crisis sanitaria.

El impecable trabajo del fiscal Gabriel Gómez en Monte Quemado, que valiéndose de una policía foránea y usando el factor sorpresa, desarticuló un vínculo delictivo que pudo llegar a ser un proceso largo, y demostró que si la justicia procede con inteligencia la delincuencia y la policía en cierto momento dejarán de estar relacionados.

Es necesario resaltar que el trabajo de investigación realizado por los fiscales Gabriel Gómez y Santiago Bridux, mostraron de qué manera se realiza una excelente investigación, con todo en contra identificando las fuentes, la metodología del trabajo de campo y las estrategias para lograr obtener información que muchas veces parece imposible de conseguir, y de esa forma liberaron a la sociedad copeña de una organización del crimen organizado.