La llegada del Covid-19 no sólo modificó las prioridades a la hora de gestionar, sino que en Monte Quemado dejó a la vista ciertas miserias políticas.

En tiempos de preocupación, el intendente; su hija, la secretaria de gobierno Silvia Castillo; y su yerno, el oficial Gustavo Sosa, que presta servicio en la comisaria del pueblo, constituyen el sumo del poder político local.

La historia no es nueva, pero somos cuidadosos en preservar las pruebas que fundamentaron a cada una de nuestras denuncias periodísticas. Solo vamos a mencionar la última del intendente y su familia, y está relacionado al insólito caso de dos vecinos virtualmente desterrados de esta  tierra, lugar al que pertenecen. Ambos tienen su domicilio en esta ciudad cabecera del departamento Copo donde se les negó el ingreso a pesar de su voluntad de cumplir con todas los pasos del protocolo que impone la seguridad sanitaria.

Cuentan que fueron custodiados por la policía del puesto caminero de Pampa de los Guanacos, quienes los obligaron abandonar el territorio provincial dejándolos tirados y a la intemperie de la ruta 16, en los límites de Santiago del Estero y el Chaco

Los familiares y los expulsados aseguran que la orden la dio el intendente Manuel Osvaldo Castillo. ¿El decreto nacional, provincial y municipal faculta al intendente a desterrar a los vecinos de su ciudad? es el interrogante de todos y también se la realizan las organizaciones internacionales de los Derechos Humanos que se interesaron por el insólito caso, oportunamente fue publicado por este diario digital.

El destierro de los vecinos con domicilio en Monte Quemado, ha sido presidido por abusos y arbitrariedades que se vienen consumado en ese privilegio de usar a la policía para direccionar, inclusive, los procedimientos aprovechando al tercer miembro de la familia gobernante, quien elige a quien van penalizar y esto está claro cuando se conocen la lista de los infractores a las restricciones penalizados. Por esas raras casualidades el 85% pertenecen al arco político opositor.  

Con respecto a estas casualidades, el ex intendente Carlos Alberto Hazan y los concejales Osvaldo Aguel y Rafael Torrez, del sector opositor, denuncian que el gobierno municipal usa las restricciones del Covid-19 para discriminar. Esto sucede cuando el yerno del intendente y su pareja, la Secretaria de Gobierno, salen en verdaderas cacerías de dirigentes y vecinos identificados con el sector político opositor, a quienes en procedimientos dudosos los imputan mediante informes que llegan a la fiscalía y que no siempre se ajustarían a la verdad de los hechos.

La persecución y la discriminación hacia los opositores, marcan las desigualdades al extremo de concederse impunidad a sus seguidores, quienes no solo participan de fiestas sino organizan reuniones y cumpleaños, como es el caso del festejo del cumpleaños de la actual directora de Personal de la municipalidad, Victoria Prez, donde no solo hubo buen champagne, torta y música variada, sino que se bailó hasta el amanecer. Lo cierto es que hay vecinos que están muy indignados, no sé si será porque no los invitaron, pero se ofrecieron de ir a donde los llamen para ratificar los testimonios que ofrecieron a este medio.