Por Tony Villavicencio. La libertad de expresión es un derecho tan importante que, como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática.

El caso ocurrido en la ciudad de Monte Quemado con el músico Rodrigo Stchudez no es casualidad, ocurre en una ciudad del interior profundo de la provincia de Santiago del Estero donde  reina el autoritarismo de un  gobierno municipal, que a partir de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, ejerce un poder multifacético abusivo y de carácter omnipotente.   

Profunda convicción Democrática

Debemos reconocer que si en algo hay que responsabilizar al gobierno provincial de Gerardo Zamora, es el no haber puesto límites a los abusos del gobierno municipal de Monte Quemado.  Es reconocida la profunda convicción democrática del gobernador de los santiagueños y hasta sus más intoxicados adversarios políticos reconocen su respeto y tolerancia a las libertades de la democracia.

No existe antecedentes en la provincia ni en el país de que Gerardo Zamora haya iniciado acción alguna o respondido a insultos, provocaciones, habiendo tolerado en el dime y diretes de la política, graves e infundadas acusaciones. En honor a la verdad no es justo las críticas que el gobernador de los santiagueños está siendo objeto por los medios nacionales que siempre se enganchan en la contra y no en la fuente.

Es cierto Rodrigo Stchudez en un aparatoso operativo, con más de quince efectivos policiales fue privado de su libertad, trasladado a la comisaria seccional 22 donde permaneció en un calabozo, aprehendido por  más de 12 horas  por haber posteado una crítica contra el gobierno provincial y su detención, pero no fue por orden del gobernador, como se confundió, y se quisieron negar culpas. Sino quizás fue la afiebrada obsecuencia de la secretaría de gobierno que asoció la crítica con la incitación a no cumplir con la cuarentena y esto si será seguramente evaluado por la justicia. Empero, todos conocen la remanida  muletilla en la que se justifican las injusticias.  

Libertad de prensa

 Habría que recordar a los lectores que la libertad de expresión asegura que la ciudadanía ejerza un contrapeso a los poderes establecidos. De ahí que su máximo respeto es lo que distingue a un régimen democrático de un régimen Municipal autoritario es distinto. En Monte Quemado no es la primera vez que se acude a la justicia y  atentar contra la libertad de expresión. Ya lo hizo sin éxito cuando concurrió a la Fiscalía en una maniobra que escondía el fin de usar a la justicia para impedir a este medio ejercer la libertad de prensa.   

Hay tres datos que demuestran el carácter autoritario del régimen municipal en Monte Quemado, donde no hay espacio para que las personas expresen sus opiniones libremente. Las radios Fm están pautadas con el compromiso que en ellas no se escuchen la vos de la oposición  y si lo hacen por las redes sociales corren riesgo de enfrentar, mediante maniobras, toda la fuerza del aparato represivo del gobierno municipal.

Generar Miedo

El caso ocurrido con Stchudez es el de generar  miedo en un intento de apagar críticas de los que  se expresan por Facebook, única herramienta  comunicacional a la que el poder político local no puede someter. 

Está claro y lo denunciamos, el gobierno local  privilegia la represión frente al diálogo. Todo conflicto, protesta o pedido de reivindicación de derechos es fuertemente reprimida, y en nombre de la cuarentena estigmatizan, las discriminan y les fabricarían causas, además de obligar a cumplir aislamientos. El caso denunciado por la vecina del barrio El Porvenir Carla Vera, quien señala que estuvo 14 días encerrada sin poder salir a trabajar, si moverse de su casa, pese a no haber mantenido contacto con personas provenientes de la circulación del virus. Fue un disquete de la política aseguró la joven mujer. 

Hay vecinos que denuncian, en este medio, al oficial de la comisaria comunitaria  22, Gustavo Sosa y aducen que sería el rostro visible de la represión policial. Hay  otros ciudadanos que aseguran que sin orden judicial y causa alguna les allanaron la vivienda y los aprehenden en  procedimientos que luego con falsos informes policiales los justificaron por ante la Fiscalía. Cabe acotar que Sosa es pareja de la Secretaría de gobierno, Silvia Castillo.

Es larga la lista de los que pululan la Fiscalía a la espera de que les reciba la denuncia Carlos Mercado, Julio Cesar Coria, y el matrimonio, Cesar Munz y Roxana Valdivia. Otros aseguran que les fabricaron causas y piden que el Ministerio Fiscal  Público de Monte Quemado investigue y sea la justicia la que le devuelva a Cesar lo que es del Cesar.