Por Tony Villavicencio.- La Justicia, con las detenciones de Julio De Vido, ex ministro de Planificación, del ex vicepresidente Amado Boudou y de otros funcionarios del kichnerismo, pone una vez más en evidencia que los jueces del Poder Judicial son parte del juego político al extremo que esperan el resultado de las elecciones para poner en movimiento el mecanismo de administración de justicia.

En el sistema judicial no hay mecanismo de rendición de cuentas, al no haber mecanismo en ese sentido dejan pasar el tiempo de las cusas y de ese modo jueces y fiscales a gusto y placer acomodan las causas a los tiempos políticos y no a la ley exclusivamente.

Sin dudas, las denuncias que fueron materializadas en detenciones preventivas permanecieron encajonadas desde años atrás, y entonces no hay que ser lego para preguntarse ¿Por qué los jueces que hoy privan de la libertad a quienes ocuparon cargos relevantes en el Ejecutivo nacional no dictaron en estas mismas causas resoluciones en su justo momento, aplicando reglas de juego claras? Y hubieran evitado hoy de caer en la sospecha de que ejercen y dictan resoluciones especulando con los resultados electorales y en función de los intereses del gobierno de turno.

Una de las estrategias que mantiene el macrismo y que tan bien le resulta para formar la opinión positiva de la gente es la “persecución política”, según lo denunciado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, contra el Gabinete que se encontraba en funciones hasta diciembre de 2015.

La Justicia no es inmanente ni absoluta, pero pareciera que se encuentra en un devenir incesante, contradiciendo la confiabilidad de una sociedad donde el vedetismo político de los jueces marcan los rumbos de una cada vez más descreída Justicia la que en complicidad con los medios monopólicos adictos al gobierno de turno que se ocupan de  incorporar al imaginario social el desquicio moral y ético de los dirigentes que conformaron la cúpula comandada por la ex jefa de Estado.

Las dos versiones de una misma maniobra

No todo es color amarillo en la sociedad. Pese a que hay sectores que ven con esperanzas las políticas tomadas por Mauricio Macri con respecto a las medidas asumidas por la Justicia, permitiéndose creer en la renovación judicial, cuando constitucionalmente debería ser independiente, y ningún tentáculo de los otros poderes, debería incidir en las decisiones de éste.

No son pocos los argentinos que sostienen que la detención de estos personajes de la gestión anterior se trata de un “circo político” para favorecer la imagen del gobierno de turno, mediante resoluciones judiciales potenciadas en sus procedimientos por los medios adictos al macrismo y que son parte de la orquesta armada por el Poder Ejecutivo nacional, que necesita frenar el descontento del pueblo, mediante el desprestigio y escarnio público de los principales dirigentes del gobierno que pasó.

El poderoso Grupo Clarín tomó su “revancha” para con el kirchnerismo,  ya que en su momento se vio descentralizado por la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, que le puso un freno al monopolio de la información y a los negociados que el poderoso grupo realizaba con el Estado, que el empresario Magneto impuso como regla de juego.

Lo concreto es que hubo denuncias, y graves, contra los funcionarios del kichnerismo, que fueron  presentadas cuando estos se encontraban en pleno ejercicio del poder y en algunos casos, datan de cinco y hasta ocho años atrás, empero la materialización de las investigaciones y detenciones, los jueces y fiscales obraron especulando resultados electorales, entonces cabe la pregunta ¿Por qué no actuaron?

No se conoce de ningún pedido de juicio político a ningún funcionario kichnerista en pleno periodo del ejercicio de su función y recién hoy se aplica el rigor de la ley, en claro beneficio del gobierno de turno y en desprestigio de los que se fueron, lo cual se hace prácticamente indispensable preguntarse si estos mismos jueces y fiscales que ayer cajoneaban las denuncias y en otros casos no  actuaron de oficio ¿Se animarán a dictar resolución de detención contra la actual senadora por las causas de corrupción en las que se encuentra imputada? Sin lugar a dudas, la decisión de privarla de la libertad no va pasar por la autonomía del Poder Judicial y si eso ocurre el pueblo argentino sospecha que la decisión no será de fiscales ni Jueces, sino del Poder Ejecutivo nacional y ese es el grave problema del gobierno, que estudia y evalúa lo que socialmente se puede suscitar detrás de la detención de la ex presidenta.

Los dirigentes políticos, los comunicadores sociales, los empresarios gráficos y todos los actores vivos de la sociedad, ubicados de un lado o del otro, deberíamos entender que cuando se obstruye a un solo hombre el camino de todas las posibilidades, hay injusticia. Cuando un solo hombre esté por encima de la ley, en ese Estado no hay democracia. Y en la Argentina nos habíamos acostumbrado a que esto sea así; o digamos que aceptábamos hasta con resignación que los jueces muevan las investigaciones a funcionarios implicados por  corrupción en función de los intereses políticos y los resultados electorales, cuando ningún hombre cual sea el lugar que ocupe, debería Democracia estar, por encima de la Ley. y ese derecho de igualdad debería ser celosamente protegido por el Poder Judicial.