Por Tony Villavicencio.- Cuando el país aún no puede salir del asombro de un nuevo tarifazo que los humilla y empobrece, otra vez la justicia capitaneada por el juez Claudio Bonadío citó hoy a indagatoria a la ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y procedió al allanamiento y detención de ex funcionarios kirchneristas y empresarios, en el marco de una causa por corrupción que llevó este miércoles a la detención de una decena de acusados.

En medio de lo que es otro golpe letal a la economía del pueblo argentino por parte del gobierno del presidente Mauricio Macri, la justicia argentina investiga el traslado de dinero en efectivo, en pesos o dólares, que supuestamente y al decir de un chofer, ex funcionarios kirchneristas transportaban en automóviles oficiales y que, en algunos casos, llevaban directamente a la ex presidenta o a su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner, existiendo como única prueba un cuaderno donde el chofer anotaba los viajes.

Entre los múltiples casos de corrupción que hay en Argentina, este destaca porque inició gracias a una pormenorizada bitácora de los viajes que Óscar Centeno, el chofer de un alto funcionario, anotaba en un cuaderno.

La principal sospecha es que ese dinero formaba parte del circuito de corrupción que habrían armado los Kirchner con la participación de empresas, algunas de las cuales pertenecieron a la familia del ahora presidente argentino Mauricio Macri.

Esta mañana, Bonadío, un juez cuestionado por su evidente animadversión al kirchnerismo, por su presunta parcialidad, ordenó la detención de 15 ex funcionarios y empresarios y de esa manera alimentó las tapas de los diarios adictos, que si no lo eludieron, informaron la noticia con letras chicas.

El martes, fue detenido Centeno, pero hoy fue el turno de su ex jefe, Roberto Baratta, ex secretario de Coordinación y Gestión en el Ministerio de Planificación durante los 12 años de gobiernos kirchneristas (2003-2015).

El Ministerio de Planificación era encabezado por Julio de Vido, uno de los ex funcionarios más cercanos al matrimonio presidencial y quien en la actualidad está preso.

Entre los detenidos también están los empresarios Gerardo Ferreyra, dueño de Electroingeniería, una firma que creció al amparo de los Kirchner y Javier Sánchez Caballero, ex gerente general de IECSA, una constructora que era propiedad de la familia Macri.

La oleada de detenciones provocó un nuevo revuelo en Argentina, pero horas después Bonadío aumentó el escándalo al citar a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner; a Julio De Vido, al exjefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina y al ex Secretario General de la Presidencia y exjefe de los espías, Oscar Parrilli.

Lo que llama la atención es el comentario de todos los ciudadanos argentinos, es que, coincidiendo con los anuncios de los tarifazos, en un mismo compás se pone en movimiento la parafernalia justicia, y que casualmente, siempre de la mano del mismo juez, que con sus resoluciones insólitas y coincidentes con los tarifazos, amortigua el llanto y la humillación del pueblo trabajador, por efecto de un nuevo tarifazo que atenta contra la familia argentina.