En distintas partes del mundo se registraron en los últimos años incrementos de los períodos de sequía, tanto en duración como en intensidad. Sudamérica no es la excepción.

Frente a este escenario, el Consejo Agroindustrial Argentino remarcó la necesidad de desarrollar en nuestro país una política integral para la gestión de los riesgos a los que se enfrentan las producciones de las economías regionales.

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que está conformado por cámaras y entidades que representan a las economías del agro, la actividad forestal, la pesca y sus respectivas industrias de todo el país, emitió un comunicado alertando que la Argentina se encuentra "ante la posibilidad cierta de enfrentar una de las peores sequías de las últimas décadas". En ese sentido, la entidad señaló que la campaña agrícola 2022/23 avanza "bajo un escenario climático adverso, que podría tener impactos significativos sobre la producción y las empresas agropecuarias en las distintas provincias del país".

Según el CAA, a la falta de precipitaciones y las bajas reservas hídricas se suman los pronósticos climáticos con lluvias limitadas para los próximos meses, lo que plantea la posibilidad de enfrentar una de las peores sequías de las últimas décadas, con todo lo que eso implica por las consecuencias económicas y sociales que podría generar este fenómeno en el país y en el funcionamiento de las cadenas de valor agropecuarias, agroindustriales y principalmente de las economías regionales.

En mayo pasado un informe del órgano especializado de Naciones Unidas contra la desertificación advirtió que en distintas regiones del mundo se observan sequías cada vez más prolongadas. Según ese documento, el número y la duración de las sequías han aumentado 29% en los últimos veinte años, por lo que se impone la necesidad de incorporar al debate público los problemas de la alteración de los ciclos del agua y de la pérdida de fertilidad del suelo, ya que se trata de dos fenómenos, cada vez más presentes en el planeta, que comprometen la vida de millones de personas.

Por su parte, el documento del Consejo Agroindustrial Argentino observa que en los informes de las Bolsas de Cereales y Comercio del país se refleja con crudeza los efectos que la sequía tiene sobre los cultivos de invierno y las perspectivas de siembra para los cultivos de verano y las producciones agropecuarias. Por ejemplo, detalla la publicación, en relación al trigo las limitantes hídricas obligaron a recortes en la superficie estimada, siendo el NOA y el Centro-Norte de Córdoba y Santa Fe las regiones más afectadas. En las provincias de Córdoba, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán y el sureste de Catamarca, en tanto, se sembró la menor superficie de, al menos, las últimas cinco campañas y se prevé que el área a cosechar sea menor aún debido al contexto generalizado de estrés hídrico, al que se le suman heladas. Agrega que a escala nacional, el 50 por ciento de la superficie de trigo reporta una condición hídrica entre regular y sequía, con casi un 60 por ciento de dicha superficie concentrada sobre el NOA, NEA, donde el cultivo se encuentra en plena espigazón, y la región núcleo, donde el cultivo se encuentra iniciando su periodo crítico.

En un párrafo dedicado a las economías regionales, el comunicado del Consejo Agroindustrial advierte, además, que una de las zonas más afectadas es la que conforman las provincias del NEA, donde las producciones yerbateras, cítricas y forestales aún se están recuperando de los incendios y la sequía extrema de principios de año. Por otra parte, señala que de no registrarse lluvias en el corto plazo las pérdidas en la producción afectarán seriamente a las empresas agroindustriales y se reflejarán en menores exportaciones e ingreso de divisas, menos aportes a la recaudación fiscal, caída del empleo en las distintas regiones del país, y menor crecimiento económico.

Por último, el Consejo Agropecuario remarca la necesidad de desarrollar una política integral para la gestión de los riesgos a los que se enfrentan estas producciones, con una Ley de Seguro Agrícola y la actualización de la Ley de Emergencia Agropecuaria entre sus prioridades. Es de esperar que las autoridades tomen nota del llamado a trabajar en medidas que minimicen los impactos de los riesgos que afectan al sector productivo en las distintas regiones del país.