(Por Tony Villavicencio). El Consejo Deliberante de Monte Quemado, con el inicio de la pandemia, clausuró las puertas del recinto por lo que no hay actividad parlamentaria desde hace ya cuatro meses.

Esto, sin dudas, afecta la calidad institucional del municipio.  

El bloque de la minoría del Frente del Pueblo, a través de una nota dirigida al presidente del cuerpo, reclamó formalmente el urgente reinicio a las convocatorias de sesiones ordinarias y/o especiales a efectos de tratar importantísimos temas de interés público.

Con respecto a esta solicitud de reuniones, la presidenta del cuerpo, Zulma Fabiana Diaz, volvió a usar al Covid-19 como excusa y desestimó al bloque opositor la posibilidad de seccionar.

Cabe destacar que, allá por el mes de marzo, el Consejo Deliberante cerró las puertas del recinto y dejó al sistema de la institución parlamentaria huérfano de controles. El honorable cuerpo es el espacio de la democracia integrado por  funcionarios elegidos por el pueblo.

Es claro que la ausencia institucional del Consejo Deliberante. Sin control reina el autoritarismo, las arbitrariedades y los abusos de poder. En Monte Quemado hace más de cuatro meces que el cuerpo no se convoca a reunión, aunque sea para sesionar de manera semipresencial a efectos de abordar los transcendentes temas que hacen a la calidad institucional, al control parlamentario y a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Monte Quemado.

Hay demasiadas razones para pedir informes: 1) Cuánto se recauda en los operativos de tránsito, 2) por qué no se riegan las calles, 3) por qué no se repara el alumbrado público, hay barrios y céntricas calles en la oscuridad, 4) qué pasa con el parque automotor que se recoleta la basura en viejos acoplados playos facilitados por obrajeros, 5) qué pasó con los tres camiones compactadores de basura, 6) cuáles son las cooperativas que se las contrata para la construcción de viviendas sociales, 7) por qué se observan empleados municipales trabajar en  la construcción de las viviendas sociales.  

Hay tantas otras preguntas que el pueblo se priva de preguntar al Ejecutivo Municipal mediante sus legítimos representantes. Es un Consejo Deliberante que virtualmente no existe y es luz la inactividad del parlamento Municipal, afectando la calidad institucional porque hace a la paralización del Poder Legislativo, atrofiando un órgano democrático y representativo por excelencia que hace a la soberanía popular y a la forma republicana de gobierno, porque el pueblo gobierna y legisla a través de sus representantes.

No se puede entender, como es que los empleados municipales en plena pandemia recogen la basura sin las protecciones necesarias, con el riesgo de contagio que ello representa, sobre todo teniendo en cuenta que es un servicio esencial. 

Los consejos deliberantes, del mismo modo que lo hacen los recolectores de basura, también deberían funcionar, obviamente tomando los todas las medidas preventivas, porque así no esté sesionando a pleno no debería dejar de cumplir con sus tareas institucionales.

Cuando se observa que, sumado a la ilegal transferencia de facultades legislativas al Poder Ejecutivo municipal, la concentración de facultades está en el municipio, tenemos un intendente que legisla y toma decisiones excepcionales e inconstitucionales, como fue la de desterrar y abandonar a la familia Palma; o el caso que trascendió ayer, de la madre que no pudo aun volver de Taco Pozo a su casa a reencontrase con su hija de solo seis años. No porque le impide la ley ni se lo prohíbe la justicia, simplemente porque no es la voluntad del jefe comunal.

Sin el Consejo Deliberante es otorgarle al Ejecutivo Municipal el sumo del poder, es aún más injustificable la denegación de justicia en lo que es la dependencia del poder judicial del político, residiendo en el intendente lo que es facultad de la Ley y de aplicación constitucional de la justicia.