La justicia de la ciudad de Monte Quemado, en base a una serie de denuncias formuladas por la ciudadana Silvia Rivas Jordán, investiga a la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Monte Quemado, Silvia Castillo, por haber arrendado como propio un local comercial ubicado sobre la ruta 16, habiendo promovido acciones de desalojo por incumplimiento de pago, el que fue consentido por la jueza Valeria Díaz, quien dictó una orden de desalojo del local comercial, restituyéndole como si fuera propio, cuando en realidad pertenece al patrimonio municipal.

En la caratula de la denuncia contra la Jueza, es por la presunta comisión de Abuso de Autoridad, desconocimiento del Derecho y animosidad manifestó. Por separado obran las denuncias contra la señora Castillo por abuso de autoridad y se amplió por el presunto delito de estafa.

Este nuevo hecho trascendió y toma estado público en la ciudad de Monte Quemado y una vez más, el centro del escenario tiene de protagonista a Silvia Castillo, quien desempeña la función de secretaria de Gobierno, de la cual es intendente nada menos que su padre, Manuel Castillo.

En este caso, se trata de una denuncia llevada a cabo por Silvia Rivas Jordán, una conocida comerciante de la ciudad, quien dice haber sido desalojada por la fuerza y en una situación viciada de nulidad por orden de la jueza Valeria Díaz, en base a una denuncia de Castillo, quien a título de dueña, reclama el incumplimiento del pago de un bien, que luego la denunciante estableció pertenecía a la municipalidad, institución con quien la dicente había realizado nuevo contrato de locación, ya que el terreno donde se levanta el local, es por todos conocido como “el quincho”. El inmueble se trataba de un bien público.

Rivas Jordán, en su denuncia manifiesta que en el año 2016 alquiló un local situado sobre ruta 16, donde desarrollaba su actividad comercial a la señora Castillo, pero que al poco tiempo pudo averiguar que la nombrada no era la dueña legítima del lugar, razón por la cual Rivas Jordán le exige a Castillo esclarecer tal situación.

Rivas Jordán manifiesta que la gestión de Gobierno municipal anterior le informó que la propiedad no pertenecía a Castillo, sino al municipio y en vista de que hacía ya 3 años que estaba “alquilando” ese lugar, le ofrecen la posibilidad de celebrar un contrato de locación definitivo que le permita continuar trabajando ajustada a derecho.

Explica en su denuncia que el mismo se celebró entre las partes por espacio de 5 años. Por lo que a la fecha, se encontraría en vigencia y por lógica, los pagos lo realizaba al municipio y dejó de abonarle a la Castillo, quien había celebrado un contrato a título de dueña, cuando en realidad el bien era público.

En el mes de julio del año pasado se intentó desalojar a Rivas Jordán de su local, hecho que fue impedido a través de la Justicia, por tener un contrato vigente. Las cosas parecieron ir por carriles normales hasta que asume la Secretaría de Gobierno el último sábado de diciembre, comienzo de la feria judicial, sin previo aviso, se presentó con una docena de policías en el local alquilado por Rivas Jordán, el que fue tomado por la fuerza pública y desalojado de manera intempestiva, procedimiento que se realizó con una orden de la jueza denunciada, restituyéndole el local propiedad del municipio a la señora Silvia Castillo a título de dueña, en lo que fue una clara maniobra de un proceso arbitrario, viciado de nulidad.

Rivas Jordán expresó que en ese mismo desalojo no se le dejó sacar sus pertenencias y todo fue sometido a un dudoso inventario que no respondería en cifras ni elementos con los que había en el local al momento de ser intervenido.

Rivas Jordán denunció abuso de autoridad por parte de Castillo, y presunta estafa quien según expresó la comerciante “se maneja con total impunidad, sin importarle que lo que esté haciendo, usando sus influencias pasa por encima de los derechos de los demás y por encima de la justicia misma”.

“No es desconocido este tipo de accionar por parte de la secretaria de Gobierno. Ni contra la propiedad privada ni contra los derechos que se intentaron avasallar, a poco de asumir la titularidad al frente de la gestión del Gobierno municipal”, aseguró. Los hechos están presentados ante la justicia, que deberá expedirse.

Mientras tanto Silvia Rivas Jordán no puede trabajar en el local que legalmente alquila y por el que paga todos los meses al municipio, único propietario del bien público.