Por Tony Villavicencio | Las evidencias indican que el crecimiento de la superficie con destino a la explotación agropecuaria durante los últimos quince años del gobierno del Dr. Gerardo Zamora  fue notorio en Santiago del Estero.

Gracias a ello, hoy la provincia tiene un perfil productivo y económico agropecuario definido y exportamos carnes y cereales.

No todo está bien

Hay que recordar que Santiago del Estero es una de las provincias con mayor población campesina del país; según el documento central de la Mesa de Tierras, en el campo viviría aproximadamente el 40% de la población total; y habría unas 20 mil familias campesinas poseedores  de la tierra que en la incertidumbre producen  para sobrevivir y expuestas a ser desalojados.

Los departamentos que tienen más población en situación de pobreza son además los que concentran la mayor cantidad de población rural. El grueso de estas familias son poseedoras con ánimo de dueño de las tierras que ocupan desde hace ya varias generaciones, pero no tienen regularizada su situación de dominial.  

La inseguridad y la incertidumbre de esa importante franja de campesinos, la mayoría producen para el consumo propio y desde el año 1.990 están demandando resolver el conflicto de la tierra, además de solucionar  un grave y álgido problema social, es también potenciar la producción  primaria agropecuaria en la provincia.

Hay que recordarlo que en nuestra provincia, los gobiernos que se sucedieron en 40 años de democracia nunca trazaron políticas serias tendientes a la regularización de la tenencia.

Es cierto, hubo  en estos últimos 15 años un explosivo crecimiento productivo agropecuario, empero en el campo a pesar del silencio, no hay paz. La cúpula del Mocase Vía Campesina  pareciera anestesiada por el gobierno y cada vez más distanciada de las bases y la otrora poderosa organización  presenta hoy  una marcada  y debilitante división interna que esperan se resuelva con el cambio generacional que se avecina.

Frontera agrícola

Pero vamos a referirnos a  la evaluación de la expansión de la frontera agrícola, en estos últimos 15 años signada especialmente por el incremento de las superficies implantadas en el territorio provincial, donde hoy se siembra la soja acompañada por el maíz, el trigo, el girasol y el algodón, cultivos explotados  en grandes extensiones por  el latifundio  que produce para exportar.

A medida que avanzan los empresarios, los conflictos por la tenencia de la tierra  se profundizan, solo que debido al silencio impuesto por el gobierno, los hechos vandálicos no trascienden  en los medios oficialistas de tiraje provincial.  Cabe destacar, en esta última etapa los violentos, según los campesinos, son empresarios que contratan forajidos e  invaden amparados por un sistema judicial al servicio del más fuerte y que ignora  y permanece ausente cuando hay que proteger la seguridad y los derechos de  campesinos  poseedores de la tierra desde tiempos inmemoriales.

En el marco de esta realidad, este proceso también sorprende a los campesinos en un enfrentamiento interno y  en una plena etapa de recambio generacional de dirigentes; y en la debilidad de los desencuentros, los que activan desde la cobarde clandestinidad  son los  empresarios extra provinciales, especialmente santafesinos, cordobeses y de las multinacionales  que serían los autores intelectuales  de  maniobras mafiosas con las que atemorizan a la familias de  campesinos, para que estos abandonados por la justicia y cansados de una lucha desigual, renuncien a sus derechos.

La manipulación política y la desvergüenza 

 El emblemático caso de tierras de Alberdi y Copo y una empresa dueños de 75 mil hectáreas que viene generando, con influencias en la política, una presión altísima sobre las familias, donde forajidos alquilados roban, saquean e incendian viviendas y mejoras de los campesinos, dejándolos con lo puesto.

Por eso, interpretamos que es urgente que en Santiago del Estero se instale el debate no solo productivo y ambiental, sino también jurídico de la tenencia de la tierra, ya que los derechos de los campesinos  poseedores, inclusive los que acuden a la justicia a denunciar a sus invasores o a  regularizar  la posesión del lugar  donde nacieron, vivieron y construyeron mejoras, son amenazados y atemorizados por las mafias al servicio de  empresas que operan a la sombra de una justicia que a la luz del día, sin vergüenza, está manipulada por  una influyente abogada, afectivamente vinculada a quien fuera durante 154 años Ministro de Justicia y actual diputado Nacional de los Santiagueños.