La Justicia del Crimen de nuestra provincia investiga el repudiable accionar de dos empresarios bonaerenses, dos abogados del foro local, una escribana y dos empleados de los empresarios que se apropiaron ilegalmente de más de 250.000 hectáreas.

Se tratan de tierras pertenecientes a campesinos, pueblos originarios y gente pobre, muchos de ellos analfabetos y en estado de indefensión.

Las investigaciones surgieron en el año 2013 a raíz de las denuncias presentadas por la fallecida abogada Leticia Mabel Bravo y, posteriormente por el Dr. Carlos Weyembergh en forma acumulativa y en representación de cientos de familias damnificadas contra una presunta asociación ilícita integrada por Guillermo Masoni, Horacio Masoni, Eduardo Miguel Carlón, Miguel cabrera, los abogados Rodrigo Posse y Juan José Díaz y una escribana.

De las pruebas que obran en el expediente se pudo comprobar la existencia de una nefasta asociación ilícita que “fabricó” títulos falsos que imponían a los despojados campesinos como verdaderos y que presentó denuncias falsas contra abogados del medio que defendían los intereses de los estafados. Contra estos últimos y sus letrados se ejercieron actos intimidatorios consistentes en amenazas, detenciones arbitrarias y asedio permanente para hacerlos desistir de sus pretensiones de reparación judicial del daño causado estimado, por estas fechas, en cifras increíblemente millonarias.

Guillermo y Daniel Masoni, empresarios de la provincia de Buenos Aires, formularon una serie de denuncias "truchas" contra varios abogados del foro local con el único propósito de dilatar y evitar la investigación por la cual hoy están detenidos, donde deben aclarar cómo hicieron para apropiarse de más de 250.000 hectáreas de campos, muchos de ellos pertenecientes a empresas británicas, expropiadas y nacionalizadas en el gobierno de Juan D. Perón en 1947. 

Las mismas fueron destinadas para el hábitat de pueblos originarios y campesinos pero, en virtud de las maniobras de esta asociación delictiva, verdadera factoría de títulos y denuncias falsas, hoy figuran a nombre de las sociedades Salónica S.A., Los Mimbres S.A., Jungla S.A. y Rustenia S.A., todas pertenecientes al grupo Masoni. 

Fue en el año 1977 cuando se iniciaron las maniobras denunciadas; es decir, casi cincuenta años de "robos" continuados de propiedades y tierras privadas en la provincia facilitados por el entonces  gobierno militar, época en que José Masoni como “representante legal” de capitales ingleses y el ferrocarril, escrituró a su nombre el campo San Martín, que hoy aparece a nombre de la firma Salónica S.A. y que fue transferido a sus propios familiares en el año 1994. 

El juzgado de Transición Nº 2, actualmente a cargo del Dr. Darío Alarcón, libró en la tarde del jueves la orden de detención y aprehensión de los imputados a la división de Homicidios y Delitos Complejos de la Policía de la Provincia.

El abogado Posse fue detenido, indagado y excarcelado tras haber conformado una varias veces millonaria fianza y el resto se encuentra tras las rejas o prófugos y con pedido de captura. 

La Justicia de nuestra provincia procura determinar fehacientemente cómo estas empresas y el grupo familiar Masoni llegaron a ser dueños de las sociedades e inmuebles que fueron nacionalizados y expropiados por el gobierno de Perón. De las conclusiones del proceso judicial muchas familias que fueron expulsadas ilegalmente de sus propiedades y campos podrán recuperarlas.

Y, finalmente, será Justicia.