El titular del Juzgado Federal Nº 2, Sebastián Argibay, dictó el procesamiento de ocho funcionarios policiales y de un comerciantes.
Se les atribuye la desaparición y venta de 600 cajas de cigarrillos, robadas de una carga de 1.600, entre febrero y marzo en la ciudad de Nueva Esperanza, departamento Pellegrini.
Según la resolución, el magistrado habría procesado a los funcionarios Dardo Macario Corvalán, por “falsedad ideológica de instrumento público, peculado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”; Hugo Alberto Corvalán, por “falsedad ideológica de instrumento público”; Marcelo Exequiel Paz, por “falsedad ideológica de instrumento público”; Carlos Sebastián Ruiz y Mariano Wertel Diosques, por “peculado y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en concurso ideal de delitos”; Guido Martín Paz, por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”; Mario David Vega, por “malversación culposa de caudales o efectos públicos” y Eduardo Hernán Mancilla, por “malversación culposa de caudales o efectos públicos”.
Un comerciante
En la extensa resolución, el magistrado también dictó el procesamiento del comerciante Víctor Hugo Jaime, por “encubrimiento por adquisición de efectos provenientes de un delito”.
Asimismo, el juez resolvió “trabar embargo sobre los bienes de Dardo Macario Corvalán, Hugo Alberto Corvalán, Marcelo Exequiel Paz, Carlos Sebastián Ruiz, Mariano Wertel Diosques, Guido Martín Paz, Mario David Vega, Eduardo Hernán Mancilla y Víctor Hugo Jaime en la suma de $ 500.000, cada uno.
Secuestros en Rapelli
La investigación comenzó en febrero, al realizarse procedimientos en Rapelli, Pellegrini, en los que se incautaron 1.600 cajas de cigarrillos Rodeo. Cada caja contiene 10 paquetes de cigarrillos. Todo el secuestro quedó a custodia de la Comisaría 32 y fue colocado en un depósito.
De esas 1.600, después llegaron solo 1.000 a la Aduana. “El faltante son 600 cajas que tienen una valuación que ronda los 500 mil pesos”, señaló en aquella ocasión el juez.
Todos los funcionarios implicados pertenecían a la División Drogas Peligrosas y a la Comisaría 32.
Dictaron la falta de mérito para dos comerciantes
La compleja causa empezó en febrero, al realizarse procedimientos en Rapelli (Pellegrini) en los que se incautaron 1.600 cajas de cigarrillos Rodeo. Cada caja contiene 10 paquetes de cigarrillos. Todo el secuestro quedó en custodia de la Comisaría 32 y fue colocado en un depósito.
De esos 1.600, después llegaron solo 1.000 a la Aduana. “El faltante son 600 cajas que tienen una valuación que ronda los 500 mil pesos”, señaló en aquella oportunidad el magistrado.
Todos los funcionarios implicados pertenecían a la División de Drogas Peligrosas y a la Comisaría de Nueva Esperanza Nº 32.
Una vez en marcha la investigación, los abogados Diego Lindow y Jorge Navarro asumieron la defensa de los comerciantes Eduardo Cruz y Sergio Darío Moya, a quienes el juez Argibay ayer dictó “la falta de mérito (Art. 309 del Código de rito), sin perjuicio de proseguir con la investigación a su respecto hasta su total esclarecimiento y de la responsabilidad que eventualmente les pudiere corresponder”.
$ 4.500.000 en embargos para todo el grupo acusado
“Respecto del embargo que corresponde dictar en contra de los imputados, de conformidad con lo normado por el Art. 518 del CPPN, cabe indicar que el monto escogido ($ 500.000 cada uno) deberá asegurar la protección a la eventual sanción penal y no penal que pudiera corresponder por el comportamiento que se les atribuyó”, destacó Argibay en su resolución.
Los parámetros matemáticos
“A tal fin, deberá estimarse la gran trascendencia del aporte que cada uno efectuó”, profundizó el juez en su resolución noticada a las partes.
“Bajo tales parámetros, considero que deberá trabarse embargos sobre los bienes (de Dardo Macario Corvalán, Hugo Alberto Corvalán, Marcelo Exequiel Paz, Carlos Sebastián Ruiz, Mariano Wertel Diosques, Guido Martín Paz, Mario David Vega, Eduardo Hernán Mancilla y Víctor Hugo Jaime) y en caso de no contar con bienes suficientes para afrontar la medida, deberá librarse oficios al registro propiedad inmueble y automotores ubicados en esta provincia, a fin de ordenar la inhibición general de sus bienes hasta cubrir esos montos”, subrayó Argibay en su decisión.
Fuente: El Liberal