El subsecretario de Desarrollo Forestal de la provincia del Chaco, Luciano Olivares opinó sobre el informe de deforestación publicado por Greenpeace, expresó su coincidencia sobre las conclusiones de la ONG pero advierte algunas diferencias técnicas.

En un informe publicado en NORTE el pasado 3 de febrero, desde la organización se asegura que en el Chaco se desmontaron más de 36 mil hectáreas. A su vez, el funcionario chaqueño resaltó el esfuerzo provincial en la gestión responsable de sus bosques y en detener y sancionar los desmontes ilegales.

El pasado 10 de enero del año 2023, la Subsecretaría publicó en el portal oficial del organismo el informe vinculado al segundo semestre del 2022. Y en julio del 2022, se hizo público el informe de los primeros 6 meses del mismo año.

Según informa Olivares, en los resultados del informe provincial se detectaron 28 mil hectáreas afectadas por el cambio de uso de suelo, que corresponde al 0,61% del total de la superficie de bosques de la provincia, ‘una cifra que se encuentra por debajo del promedio de desmonte registrado desde el año 1997 a la fecha en nuestra provincia‘.

En tanto, en el 2022, ‘no existieron hectáreas afectadas en la categoría I (roja) del Ordenamiento Territorial de bosques, que es la de mayor grado de protección, y en el Chaco son las áreas protegidas provinciales y nacionales, y los márgenes de los ríos primarios y secundarios. También, destacar que fueron 1363 hectáreas de bosques nativos las afectadas por la quema‘.

‘Si bien la ONG Greenpeace explicó en su informe que este punto no fue considerado en su análisis, el Centro Geo Información logró obtener esta información. Estas cifras, están muy por debajo de los índices de incendios forestales registrados en el país‘, destaca.

COINCIDENCIAS CON GREENPEACE

A su vez, Olivares detalla las coincidencias con Greenpeace. ‘Es notoria la reducción de la deforestación a partir de la sanción de la Ley 26.331, tanto en el norte argentino, y en especial en la provincia del Chaco, que los índices de desmonte se redujeron a la mitad en estos últimos años, en comparación con el promedio desde el año 1997, donde existían cifras muy elevadas‘, ratifica.

Va más allá y asegura: ‘Es necesario un incremento en los montos de las sanciones de multa que se aplican bajo los procedimientos administrativos vigentes‘. Del mismo modo, insistió en ‘una penalización del Código Penal y que se contemplen los delitos de desmonte sin autorización del estado‘.

El Poder Ejecutivo Provincial remitió un proyecto de Ley Nacional para incorporar estos delitos y que se disponga de mejores herramientas para sancionar estos ilícitos.

En el plano provincial, se elaboró en forma conjunta con Diputados Provinciales un Proyecto de Ley para incrementar al doble los valores de las multas vigentes, y agravándolas si los desmontes ocurren en zonas amarillas y rojas, como así también, en el caso de registrar reincidencias.

‘Estamos trabajando también en la contratación del servicio de acarreo de topadoras que se detecten en los operativos de la Dirección de Bosques, lo que permitirá alcanzar a estos bienes muebles como desaliento a las prácticas ilegales‘, concluyó Olivares.

DIFERENCIAS Y ACLARACIONES

‘Estudiamos el informe publicado por la ONG, y si bien no disponemos de los archivos digitales utilizados por esta organización necesarios para un análisis pormenorizado, pero entendemos que esta diferencia se debe a inconsistencias en el análisis de la información satelital‘, pondera.

Y sentencia: ‘El Informe de la ONG Greenpeace, afirma que se registraron un total de 36.159 hectáreas de bosques ocasionadas por el cambio de uso de suelo. En el informe provincial, se registraron un total de 28.297 hectáreas, en este tema. Entendemos que en el informe de la organización se incluyeron a los silvopastoriles, y que analizada la cobertura boscosa por hectárea de estos eventos, no debieron contabilizarse como pérdida forestal, porque estos cumplen con el concepto de bosques según la FAO y el COFEMA‘.

ALGUNAS CONCLUSIONES

Con estos datos, ‘concluimos que el Chaco asume con responsabilidad la custodia de los bosques, implementando un sistema de alerta temprana, aplicando el procedimiento de aplicación de sanciones, y busca las alternativas para mejorar los controles y de disponer de mejores herramientas técnicas y legales que favorezcan a la conservación de bosques nativos‘, finalizó.