El Municipal Web fue el único medio en la provincia que anticipó, en diciembre de 2019, la presentación de la denuncia y el inicio de la investigación por evasión de impuestos.

La justicia Federal habría establecido que cobraban hasta $ 200.000 por cada operación que beneficiaba a una organización.

Un año y nueve meses después de denunciarse a la "organización criminal", la Justicia Federal ordenó el allanamiento de la Afip, ante sospechas de una evasión del orden de los 800 millones de pesos en concepto de saldo a ingresar de IVA e impuesto a las Ganancias.

En efecto, tal como lo informó este medio, la ex jefa interina de la Sección Penal Tributario de la Afip, Dirección Regional de Tucumán, María Lucía de las Mercedes Trabadelo, compareció espontáneamente ante la justicia, denunciando la existencia de una presunta organización criminal que, a través de la emisión de comprobantes apócrifos, habrían evadido una suma aproximada de 800 millones de pesos en concepto de saldo a ingresar de IVA e impuesto a las Ganancias. Todos hechos ilícitos que se habrán registrado en el período presidencial de Mauricio Macri.

Después de una exhaustiva investigación, el titular del Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero, Sebastián Diego Argibay, dispuso el viernes el allanamiento de las oficinas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) de la capital provincial, a requerimiento del fiscal federal N°1 de esta capital, Pedro Eugenio Simón. Según informa el Nuevo Diario en su edición  de Ayer

El Juez Argibay recientemente en esta causa, imputó a tres funcionarios -uno de ellos, actualmente jubilado- por cohecho pasivo y asociación ilícita fiscal, por la supuesta percepción de dinero a cambio de descargar boletas de deudas, levantar embargos de empresas y contribuir a la creación de usinas de facturación apócrifa, y a una cuarta persona que no trabajaba en el organismo, pero que recibía dinero de las coimas en su cuenta bancaria.

En la causa, iniciada a fines de 2019, la fiscalía imputó a un total de 14 usinas apoc (tal la denominación para las facturas apócrifas) y a 22 contribuyentes socios de las empresas, junto al contador jefe de la organización y su secretaria.

Los procedimientos se realizaron en las oficinas de las personas que cumplen funciones en la Afip de Santiago del Estero y en los domicilios de las nuevas personas imputadas, donde se hallaron cheques librados por las usinas ya imputadas, comprobantes de transferencias bancarias y otros elementos de interés para la causa.

Pericias en telefónos

A través de los peritajes telefónicos -realizados por el laboratorio de la Policía Federal (PFA), Dirección Regional Tucumán, y por oficiales de la Unidad Operativa Federal (UOF) de la PFA de Santiago del Estero- al teléfono celular del jefe de la organización, se hallaron conversaciones entre este y funcionarios del fisco nacional.

Luego de un exhaustivo análisis llevado a cabo por la Fiscalía Federal N° 1, a cargo de Dr. Simón en conjunto con personal de la UOF Santiago del Estero de la PFA, se detectó la existencia de un sistema de distribuciones monetarias indebidas, por las que el contador otorgaba grandes sumas de dinero al personal de la Afip a fin de que estos cancelaran embargos y permitieran la inscripción de empresas "fantasmas", al único fin de emitir comprobantes apócrifos.