Por Tony Villavicencio | Es grave la situación socioeconómica del sector forestal en Chaco, a partir de la suspensión por parte de la justicia de los permisos para la explotación de los bosques nativos.

No se descarta que se pueda trasladar a las provincias madereras del norte argentino, generando preocupación en los productores madereros de Copo.

En Chaco existen alrededor de 700 empresas en el rubro forestal, alrededor del 70% son pequeñas carpinterías que están en Presidencia de la Plaza, Machagai y Quitilipi, todos los pueblos viven de las aberturas, y sin madera que ingrese de los productores, provoca el fin del trabajo de más de 5 mil familias y  esto  provoca  un duro golpe  económico con un efecto social  lapidario.

La justicia de Chaco, en defensa del bosque nativo, suspendió los permisos de explotación forestal en todo su territorio. El fallo  de la justicia chaqueña se funda en lo contemplado por la Ley General de Ambiente (25675), la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosque Nativo (26331), la ley provincial de bosque de Chaco (1762-R), la 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global y la Convención Americana de Derechos Humanos. Fueron las organizaciones internacionales, las que promovieron las denuncias, por el incumplimiento de la Ley de zonificación más conocida como la ley Bonazo.

En los fundamentos de la resolución se trata de proteger la naturaleza, no solo por su utilidad o efectos respecto de los seres humanos, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, pero no se tuvo en cuentan las graves consecuencias socioeconómicas para el sector productivo forestal y sus obreros.

El bosque en la vecina  provincia de Chaco se ha constituido, actualmente, en una problemática que amenaza extenderse hacia otras provincias vecinas y a los copeños les aflige  cuando  diferentes actores y sectores de la sociedad, muchas veces opuestos en sus intereses, que convergen en un escenario de conflictos que se reflejan recurrentemente, tanto en los medios periodísticos como en las agendas políticas y en los estrados judiciales.

Hoy los grupos ambientalistas, incluidos sectores de ingenieros de la nueva generación, proponen al gobierno nacional suspender por 10 años el aprovechamiento de los recursos naturales desatendiendo el desbastador efecto socioeconómico que esta medida provocaría en las provincias madereras y muy en particular si esta medida ambientalista se aplicaría en nuestra provincia donde la economía de Monte Quemado se sostiene con la  actividad Forestal.

Según el ingeniero Agrónomo Miguel  López ,productor Forestal, lo que está pasando en la vecina provincia  “se trataría  de una prueba piloto en el trazo de una política ambientalista nacional que se iría  aplicando  progresivamente en el país, y  de eso lo conocen perfectamente los ingenieros  forestales  que  hoy lo estamos sufriendo, y si no le ponemos riendas mañana será todo el norte maderero argentino”.       

“Lo tenemos que decir en Chaco y también en Santiago del Estero,  sucede que  al bosque se le asignaron conceptualizaciones, valoraciones y status muy diferentes, como son los de hábitat, obstáculo natural, recurso geoestratégico, recurso natural y variable de ajuste del sistema agropecuario, hasta llegar a una justa posición de estos roles y atributos, según la óptica e intereses de cada actor o sector participante, entre ellos los ingenieros forestales, que sin reconocer la crisis socioeconómica que esto generaría,  acompañan al ambientalismo y  están proponiendo se suspenda por el termino de 10 años la explotación forestal que ya comenzó  en Chaco, y las familias del trabajador forestal se está muriendo de hambre”, agregó.

De la redacción

La actividad forestal en el Chaco y también en Monte Quemado tiene efectos socioeconómicos, se ha procedido a analizar la bibliografía disponible sobre el tema e iniciar un ejercicio de reflexión acerca de los modos con que los grupos humanos se han relacionado con el bosque en el transcurso del tiempo y particularmente en el presente y, a diferencia de Chaco, en Santiago del Estero se ha cumplido con todas las disposiciones de la ley de zonificación.  

De esta manera, se pretende echar un poco de luz sobre el origen y los procesos que han llevado a los bosques  a ocupar en nuestros días un protagonismo inusual,  y a la vez, constituirse en una preocupación central dentro de la sociedad que convoca a productores madereros  transportistas, organismos del Estado, gremios, comunidades originarias, organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos, ambientalistas, juristas y geógrafos, entre otros.

Hace pocos días en un diario de tiraje provincial, un Ingeniero Forestal, candidato a intendente de la ciudad de Monte Quemado en dudoso mensaje se habría manifestado a favor de la ganadería para sustituir la actividad forestal en Copo y  el repudio de los electores fue  generalizo, por lo que tuvo que gravar un audio y aclarar que no dijo sustituir la actividad forestal  o que fue mal interpretado.  Empero claro en la política se dice lo que te conviene  y no lo que se piensa.

Esto nos indica que a la hora de evaluar la situación de los recursos naturales en el norte Argentino la opinión  de los ingenieros forestales que representan a las instituciones públicas es dividida. Los ambientalistas sin medir las consecuencias socioeconómicas, justificados en el oxígeno de las generaciones venideras piden se prohíba  la explotación  de los  bosques nativos por el termino de 10 años  y los otros que son los menos, explican que los recursos naturales son renovables por lo que si la explotación es racional e integral y sustentable  se evitaría la crisis socioeconómica que hoy asfixia a más de 5.000 familias del sector forestal de Chaco.

Lo cierto y concreto  es que en la vecina provincia de Chaco, la Justicia por denuncia de organizaciones ambientalistas mantienen desde el año 2020 paralizado los permisos del bosque nativo, las empresas forestales sin la materia prima para producir y miles de obreros sin trabajo, esperando que la provincia cumpla con la ley  y la justicia se apiade y les devuelva el trabajo que es el  pan a sus  hijos.