El Chagas es la enfermedad endémica más extendida en el país. Hace quince años, el Congreso Nacional sancionó la ley 26.281.

A través de la misma se declaró de interés la prevención y el control de todas las formas de transmisión de este mal silencioso y, a la vez, estableció su carácter prioritario en las políticas sanitarias. Sin embargo, la norma aún hoy sigue sin reglamentarse, afectando el derecho a la salud de la población Argentina.

Cabe hacer la salvedad, que el gobierno de Santiago del Estero viene trabajando en la prevención de esta enfermedad endémica, y en ese sentido se construyeron en todo el territorio provincial, más de 25.000 viviendas sociales, que se adjudicaron sustituyendo las precarias casas ranchos, como parte del combate al insecto  de la vinchuca, portador del paracito Trypanosoma cruzis, causante de la enfermedad popularmente conocida por el Chagas.

El gobernador Gerardo Zamora volvió a reiterar que se seguirán construyendo estas viviendas hasta eliminar los ranchos.

Al respecto la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organización no gubernamental que trabaja en la defensa de derechos y el fortalecimiento de la democracia, lanzó #ProyectoChagas (https://proyectochagas.acij.org.ar), una iniciativa que tiene como objetivo visibilizar la principal endemia del país a través de un ciclo de tres cortometrajes, cada uno de ellos con una historia de vida contadas en primera persona por una diseñadora gráfica, una arquitecta y una promotora de salud que transmiten un mensaje sobre el Chagas.

Según la ACIJ, el Estado nacional, no implementa suficientes medidas de prevención y control, como exige la ley nacional 26.281. La organización advierte que a pesar de que se propuso interrumpir la transmisión por vinchucas en todas las provincias para los años 2010 y 2016, todavía once provincias son consideradas de alto a moderado riesgo de transmisión. "Aunque el Estado volvió a comprometerse a lograrlo para 2025 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si no mejora la aplicación de las políticas se fallará nuevamente", observa la asociación civil, y señala que los recursos destinados a prevenir y controlar el Chagas tampoco se utilizan en su totalidad, son subejecutados a pesar de ser una problemática que afecta a más de un millón y medio de personas en Argentina.

El mal de Chagas es una de las endemias más expandidas de América Latina y según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 10 millones de personas de todo el mundo padecen esta enfermedad causada por el parásito Trypanosoma cruzi y que es transmitido por la vinchuca. La enfermedad es conocida también como "mal silencioso" porque en casi todos los casos se presenta sin signos ni síntomas que hagan sospechar su presencia durante varios años. De esta manera, el Chagas constituye uno de los principales problemas de la salud pública argentina, ya que en los últimos años se observó un desplazamiento de la enfermedad hacia zonas que, aparentemente, estaban libres de este mal.

Se han detectado casos incluso en Tierra del Fuego, el lugar menos pensado para el desarrollo del Chagas, ya que, al menos por lo que se sabía hasta ahora, las bajas temperaturas dificultan la reproducción de la vinchuca. Lo que sucede, explican los expertos, es que en la provincia austral se observa una importante cantidad de infectados con transmisión congénita y se sospecha que hubo una potencial transmisión por bancos de sangre. Si bien ya se tomaron medidas para revertir la situación, la detección de infectados en zonas que no eran consideradas de riesgo, sirvió para que se enciendan algunas luces de alerta.

Se cree que personas con Chagas existen en todo el país, no solo por la transmisión vectorial sino también por las migraciones humanas y la existencia de vías no vectoriales de transmisión del Trypanosoma cruzi.

La experiencia demuestra que la mayoría de los pacientes que sufren esta enfermedad no saben que la padecen hasta que una afección cardíaca o digestiva se manifiesta ya en la fase crónica. O suele suceder también que se enteran cuando se realizan, por otros motivos, algún análisis de sangre. A nivel local vale destacar el trabajo que inició el gobierno de la provincia habiendo puesto en marcha las viviendas sociales (ya se construyeron más de 25.000).

Con respecto a la ley nacional aprobada en 2007 que sigue sin reglamentarse, vale recordar que en 2018, la Auditoría General de la Nación instó a reglamentarla y llamó a asegurar una inversión estatal suficiente para esta problemática. Es de esperar que pronto se ponga fin a la injustificada demora.