Ayer, en Monte Quemado las redes sociales explotaron cuando después de dos años de inactividad vieron al personal y al camión mixer premezclador, propiedad del municipio, trabajando en la obra privada de la secretaria de gobierno Silvia Castillo.

En efecto, después de dos años y medio la actual gestión de gobierno municipal ayer sorprendió con la puesta en marcha de la planta de hormigón y utilización del camión mixer de la comuna. Los vecinos cercanos a la planta se alegraron porque pensaron que por fin comenzarían las obras públicas en la ciudad cabecera del departamento Copo, que permanece abandonada por la actual gestión de gobierno.

Empero, poco duró la alegría de los vecinos. No era que se activó toda la estructura municipal al servicio de la comunidad, sino para trabajar con personal y la herramienta municipal en la loza de la obra privada que como un insulto a los vecinos que duermen bajo plásticos, majestuosamente se levanta en inmediaciones de la Avenida Dean Funes y 25 de mayo. Propiedad de la secretaria de gobierno de la municipalidad de Monte Quemado.

Nadie salió del asombro, la alegría se transformó en indignación del pueblo que se disparaba por las redes sociales y en los grupos los informes al instante.

Afirmaron los vecinos que el camión premezclador con personal municipal hizo 4 viajes de hormigón teniendo en cuenta que para cada viaje necesita 25 bolsas de cemento, 2 metros de arena y 2 metros de ripio y todo este material utilizado y destinado deberán rendir cuenta más el personal municipal.

En las redes sociales no faltó quien quiso justificar a la secretaria de gobierno, diciendo que hay una ordenanza que faculta a los funcionarios contratar los servicios de la Municipalidad, aunque nadie pudo mostrar la ordenanza, que de existir, otros respondían que la misma iría en contra del espíritu de la Ley Nacional de Ética, 25188, además la Ley de municipalidades es clara en advertir que “ningún funcionario debe mantener una relación comercial con el municipio que administra”.

Recordamos desde medio que la Ley de ética en el ejercicio de la función pública establece a su vez un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, Estados Nacional, Provincial y Municipal- Es de aplicación en todo el territorio nacional y lugares sometidos bajo su jurisdicción.

Además, la normativa impone que el funcionario público debe actuar con rectitud y honradez, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. También está obligado a exteriorizar una conducta honesta.

Asimismo, específica: “El funcionario público debe actuar con rectitud y honradez, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona, y reitera, también está obligado a exteriorizar una conducta honesta.