La Cámara de Diputados terminará de constituir esta semana sus 46 comisiones permanentes y la semana que viene podría volver al recinto la votación de la Ley Ómnibus, ahora en una versión recortada tras el revés del primer intento de aprobarla en febrero pasado.

La idea, según pudo saber Noticias Argentinas de fuentes parlamentarias, es convocar al recinto el próximo miércoles 24 o jueves 25 de abril.

Con este norte, no se descarta que este miércoles pueda haber un plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, las mismas que deliberaron durante el período de sesiones extraordinarias.

Gabriel Bornoroni es el presidente de Legislación General, que es cabecera del debate, pero ahora deberá deberá lidiar con una doble responsabilidad, ya que fue proclamado nuevo jefe del bloque de La Libertad Avanza, tras la caía en desgracia y descabezamiento de Oscar Zago.

Es muy inhabitual que un presidente de bloque oficialista sea también quien coordine el debate de la ley más importante del Gobierno, por lo que hay rumores de una posible sustitución.

Las negociaciones de la letra chica del borrador que hizo llegar el Gobierno al Congreso atraviesa sus horas finales. En una entrevista televisiva concedida anoche, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, destacó que las partes están “más cerca” de un acuerdo de lo que estaban antes.

"Vamos a puntear artículo por artículo antes de ir al plenario. Tenemos muy poquitas diferencias, sigo siendo optimista", afirmó el riojano.

Entre los puntos en discusión se encuentra el capítulo de privatizaciones de empresas públicas. Al respecto, Menem reconoció hay “una o dos empresas que generan algún tipo de duda”. Entre ellas se encuentra indudablemente el Banco Nación.

El otro punto de discusión es la reforma laboral, que será incorporada a la ley Bases. El Gobierno tiene sobre la mesa una propuesta del bloque de la UCR que propone incluir como opcional el fondo de cese laboral, extender los períodos de pasantía a seis meses y reducir las multas por no registración laboral.

También proponen eliminar la cuota solidaria que es el descuento compulsivo de parte de los sindicatos a los trabajadores.

Sin embargo, ese es un punto que en este etapa el Gobierno no se inmiscuiría para no abrir un frente de conflicto irreversible con la CGT.