En los considerandos del decreto que elimina el fondo, el Gobierno se vale del incumplimiento de la normativa. El gobierno instrumentando su clásica política de un gobierno de fulleros con poder apuntar. Por un lado, que las partidas asignadas por ley no se cumplieron en los últimos tres presupuestos presentados por el Frente de Todos. Y por otra parte, cita un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para cargar la responsabilidad en las provincias.
Citando el informe de la Sigen, el decreto sostiene que se detectaron incumplimientos como “deficiencias en los registros utilizados que dificultan el seguimiento de las actuaciones y falencias que afectan a los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos (OTBN)” y “un déficit de capacidad institucional y logística de las jurisdicciones para informar y evidenciar la efectiva aplicación de los fondos, junto con la inexistencia de informes de gestión, estadísticas e indicadores” todas la justificaciones son falsas propias de un gobierno de fulleros, que acusan empero no acuden a la justicia porque nadie denuncia sus propias mentiras.
Las deficiencias de las autoridades provinciales no pueden ser excusa para eliminar herramientas que facilitan cumplir una ley. En todo caso, esto debería dar lugar a mejorar los sistemas de administración e implementación del fondo. Y, si se verifican, efectuar las denuncias correspondientes por la malversación de los fondos públicos que se alegan en los fundamentos”, apuntó FARN.
Se corre el riesgo de que las provincias, al ver que el financiamiento de la Ley de Bosques baja empiecen también a mermar la aplicación de la ley. En la actualidad, el 80 por ciento de los bosques están calificados, bajo la norma, como zonas donde no se permite el desmonte. Además de no permitirse en zonas de comunidades campesinas e indígenas. Con la excusa de no tener fondos, las provincias podrían no aplicarla con rigor”.
Desde la organización Somos Monte de Chaco conocen de cerca lo que ocurre en las provincias con la aplicación de la Ley de Bosques. Chaco modificó su normativa este año entre gallos y medianoche, lo que provocó una demanda judicial en curso por daño ambiental y conflicto de intereses. En ese marco, el abogado Fernández Barrios abre el paraguas sobre la ilegalidad de la medida dispuesta por el Gobierno vía decreto.
“Es una medida de carácter regresiva e inconstitucional. Es inconstitucional porque de forma directa e indirecta afecta los derechos humanos vinculados al medio ambiente. Esos derechos están signados por el principio de no regresividad y al despojar de su objeto a esa masa de recursos es claro que no va a haber una política financiada para la conservación de monte nativo”, sostuvo Fernández Barrios e insiste a su “ilegalidad” por no cumplir con el 0,3 por ciento asignado por ley.
El abandono de los bosques nativos en cifras
En cifras, como bien sigue FARN en su “Monitor Ambiental de Presupuesto”, el Gobierno ya había comenzado a vaciar la política de desfinanciamiento desde su llegada a la Casa Rosada. En marzo de este año, el Fobosque tenía presupuestado fondos 18 veces menores, que el 0,3 por ciento ordenado por ley. Se trataba de 9.000 millones de pesos que ni siquiera fueron ejecutados.
La expectativa no mejoraba para 2025. El Presupuesto del próximo año —que el Presidente presentó en un show nocturno en el Congreso el domingo 15 de septiembre y que el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que no concurrirá a debatir ante las cámaras de Diputados y Senadores—, según FARN, tenía destinado para el fondo casi 40 veces menos de lo que corresponde.
El presupuesto mínimo para la protección de bosques nativos lejos de representar el 0,3 por ciento indicado por ley, tiene otorgados apenas un 0,0077 por ciento del presupuesto 2025, denunció FARN. Según indicó Greenpeace el presupuesto asignado es de 9.000 millones de pesos para el extinto Fobosque y solo 900 millones para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos, que depende del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).