Por Tony Villavicencio.- Son pocos los argentinos que conocen cuál es el mecanismo institucional mediante el cual se puede juzgar por mal desempeño y eventualmente destituir al presidente de la Nación, el vicepresidente, el jefe de Gabinete, los ministros del Gabinete nacional y los jueces de la Corte y el diario digital El Municipal Web considera necesario informar.

¿Qué es el juicio político y contra quiénes se hace?

El juicio político es el método de destitución de las máximas autoridades del país. La Constitución Nacional establece que los funcionarios sujetos a este tipo de investigación son el presidente, el vicepresidente, el jefe de gabinete, los ministros del gabinete nacional y los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este juicio público está a cargo del Congreso de la Nación.

¿En qué consiste y cuáles son las causales de juicio político?

El juicio es político y, por eso, su desenlace tiene sólo consecuencias de ese tipo: su único objeto es la destitución de un funcionario o su inhabilitación para ejercer cargos públicos. Así lo sostiene el artículo 60 de la Constitución:

“Su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación”. La responsabilidad penal del funcionario, sostiene este artículo, queda a cargo de los tribunales ordinarios.

Las causales de juicio político, explicó Andrés Gil Domínguez, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires (UBA), son 3. “El mal desempeño de las funciones, que es una causal subjetiva y, por otro lado, la comisión de delitos en ejercicio del cargo o por fuera de la función pública, que son dos causales objetivas que requieren una condena previa”, explicó el especialista.

¿Quién decide y cómo es el procedimiento?

La Cámara de Diputados es quien ejerce la acusación, con una mayoría de 2 tercios de los presentes, ante el Senado, que con la misma mayoría juzga al acusado por Diputados. Antes de eso, el pedido de juicio político, que puede ser presentado por un funcionario o por un particular, debe ingresar por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

En la Comisión se decide qué denuncias son admisibles y cuáles no. Recién cuando se considera admisible la denuncia, esa Comisión inicia un sumario que puede incluir la citación de testigos, la solicitud de información a jueces federales, el pedido a un juez para que ordene interceptar conversaciones telefónicas y la declaración del propio imputado.

Concluida la investigación, la Comisión debe emitir un dictamen, con la mitad más uno de los miembros presentes, para que se desestime o se inicie el juicio político en la Cámara de Diputados.

Actualmente, el Frente de Todos tiene 16 de los 31 integrantes de la Comisión de Juicio Político; Juntos por el Cambio tiene 14, y como representante por el interbloque Federal se encuentra el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez. Pero el avance de ese expediente después requiere mayorías especiales en los recintos.

Si los dos tercios de la Cámara baja aprueban el dictamen, la misma Cámara debe elegir a uno o 2 diputados que serán los que presenten la acusación ante el Senado. La Cámara alta, por su parte, decidirá por dos tercios de los presentes si destituye o absuelve al acusado. La Constitución establece, además, que si el acusado es el Presidente de la Nación, el Senado debe ser presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante este proceso.

El Frente de Todos no cuenta en la actualidad con los dos tercios necesarios en ninguna de las dos cámaras. Ni siquiera llega al quórum (la mitad más uno de los miembros), el número mínimo necesario para iniciar las sesiones.

¿Qué antecedentes existen?

La institución del juicio político no es una herramienta muy utilizada en la Argentina. Si bien existen muchas denuncias realizadas en las últimas décadas, la mayoría queda archivada en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja. “Para impulsar un juicio político necesitas una mayoría agravada y un consenso difícil de alcanzar”, u causas fundadas.

La Comisión registra poca actividad en los últimos años. En casi todos los casos, se reúne únicamente para la designación de nuevas autoridades. Según consta en la web de la Cámara de Diputados, ala que este diario digital El Municipal Web pido ingresar. La última vez que la Comisión dio tratamiento en profundidad a un expediente fue a mediados de 2015.

En aquella oportunidad, el Frente para la Victoria impulsó una investigación para “evaluar la capacidad psicofísica” del ex ministro de la Corte Carlos Fayt, que en ese entonces tenía 97 años. Si bien llegó a tratarse en Comisión (se creó una subcomisión para analizar el caso), el expediente no prosperó y Fayt renunció en diciembre de ese año.

Si bien tiene poca actividad, la Comisión -que actualmente preside la diputada Ana Carolina Gaillard (Frente de Todos)- recibió en los últimos 5 años 49 pedidos de juicio político, según consta en la web de la Cámara baja.

En casi la totalidad de los casos, la causal elegida por los denunciantes es la de mal desempeño en el ejercicio de las funciones y algunos de los funcionarios destinatarios de los pedidos son, además de Rosatti, el presidente Fernández; la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; ex ministros del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), como Juan José Aranguren (Energía) y Germán Garavano (Justicia); el ex ministro de Salud de la gestión del Frente de Todos, Ginés González García; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; y el canciller Santiago Cafiero, entre otros. Solicitudes de Juicios políticos que se desestimaron en comisión y nunca llegaron al recinto.

Un conversatorio de juristas

Un grupo de Abogados Constitucionalistas después de analiza los fundamentos de la Constitución de la Nación con respecto al juicio político previsto en los artículos 53, 59 y 60 coincidieron en que “hay causales suficientes” para impulsar el Juicio Político contra Milei.

Fue en el marco de un conversatorio organizado por “Soberaxos” donde analizaron declaraciones y publicaciones políticas impulsadas por el libertario. Los especialistas afirmaron: “Queremos que se vaya destituido por el Congreso por los delitos que está cometiendo”.