No todo es lo que parece en La Libertad Avanza. Comenzar por el principio y para que se entienda, a veces resulta tedioso. Pero es necesario. Hablar de Noe Marcelo Alejandro Molina, dirigente de La Libertad Avanza en la Provincia, sin incurrir en yerros es harto difícil no por falta de datos; sino por exceso de información que, a primera vista, parece tan irreal como contradictoria.
El delegado de la oficina de la Anses en la Banda, según consta en documentación que obra en esta redacción, posee un Certificado Único de Discapacidad por retraso mental y epilepsia emitido por el organismo que hoy dirige con vigencia hasta febrero del año que viene.
Por tal situación, Molina percibe a través de su padre, —ya que por su condición la junta médica dictaminó que necesita un acompañante— una pensión que alcanzaría los cien mil pesos mensuales en concepto de gastos de rehabilitación y transporte.
Las cosas en su lugar. Si Molina es discapacitado mental ¿cómo hizo para recibirse primero de procurador y luego de abogado en la vecina provincia de Tucumán?
En un mismo sentido, ¿Cómo hizo Molina para figurar en el listado definitivo del Tribunal Evaluador del Concurso N° 197 por Resolución ING N° 43/22 para el Ingreso Democrático e Igualitario al Ministerio Público Fiscal de la Nación, del 7 de junio del año pasado con 80 puntos de nota en opción múltiple; 100 puntos en informática y 88 como nota final.
Si Molina padece retraso mental con epilepsia, ¿cómo y de qué forma fue nombrado ipso facto como jefe de la Delegación Banda de la Anses, vía correo electrónico?
La incompatibilidad de su condición es meridianamente clara con el ejercicio de cualquier función pública.
En caso de que Molina haya fraguado el Certificado Único de Discapacidad o haya sido adjudicatario de algún favor extremadamente irregular que lo declaró en tal condición, estaríamos frente a una gravísima falsificación de instrumento público y defraudación en perjuicio del Estado Nacional.
A veces no hacen falta radiografías de perros, como la que mostró el vocero presidencial Manuel Adorni, cuando abordó las certificaciones falsas de discapacidad, para defraudar al Estado.
En las últimas horas, se conocieron detalles del escándalo a raíz de la denuncia por la violación de una menor de 16 años bajo promesa de otorgamiento de un Plan Progresar para continuar con sus estudios.