Simeón Antonio Díaz, un productor de la localidad de El Caburé se encadenó iniciando una huelga de hambre frente del edificio donde funciona el juzgado y las Fiscalías del Crimen de  la de la ciudad de Monte Quemado.

El manifestante reclama justicia por haber sido víctima de la usurpación de un campo ubicado a siete  kilómetros de la localidad de El Caburé, posesión de tierra que heredó de sus padres desde tiempos inmemoriales y actualmente es ocupada por una firma denominada Matías Urue, que ocupan más de 40.000 hectáreas fiscales.

En efecto, Diaz explicó que desde hace tiempo viene litigando en las justicia de Monte Quemado la usurpación del campo denominado Establecimiento El Indio” y especificó que fue víctima de una verdadera organización dedicada a la venta de tierras fiscales, en lo que sería una banda liderada por un político varias veces ex intendente de la ciudad de Monte Quemado, quien utilizando influencias, habría vendido más de 40.000 hectáreas de tierras fiscales del departamento Copo, incluidas las dos mil que pertenecían a su familia.

Al respecto, los problemas de las tierras fiscales y su manejo es uno de los temas provinciales menos difundidos, y que mayor corrupción involucra. En estos últimos 30 años, la mayor parte de la tierra de dominio del Estado Provincial se encuentra actualmente en los Departamentos Copo y Alberdi, donde la usurpación, la indebida apropiación y venta de tierras públicas superararían ampliamente las 300.000 mil hectáreas.

Al respecto, es necesario recordar que detrás de las ventas de tierras fiscales siempre operaron verdaderas organizaciones con vinculaciones dentro de los organismos de control del Estado y  en la justicia operarían a favor de estas mafias, verdaderas mecánicas legales que defienden y en forma permanente seducen y buscan corromper la estructura de la administración de la justicia provincial.

Con la venta de los campos fiscales se gana muy buen dinero, pero también se gasta para frenar denuncias y poder tener inactivos distraídos y bobos a los controles del Estado. No es poco lo que invierten en coimas para frenar y adormecer denuncias, hacer perder expedientes, desmerecer y hacer desconocer derechos, fraguar pruebas  y en casos hubo resoluciones  y dictámenes judiciales absurdos contra todo imperio de derecho.