La problemática de las tierras fiscales y su manejo es uno de los temas provinciales menos difundidos y que mayor corrupción involucró hasta que llegó el gobierno del Dr. Gerardo Zamora y le puso freno al saqueo de las tierras públicas y las bandas organizadas se mudaron y estarían operando en la justicia de la provincia de Salta.
La indebida apropiación y ventas de tierras públicas en los últimos veinte años superarían en las dos provincias ampliamente las 500.000 hectáreas y a partir de haberse acordado los límites de las dos provincias, tomando como referencia el trazado del Canal de Dios, las miles de hectáreas de la tierra que se quedaron como excedentes del lado de Salta, las públicas y también las privadas no se salvan de su judicialización.
Es necesario recordar que detrás de la venta de tierras fiscales operan verdaderas organizaciones con tentáculos dentro de los organismos de control del Estado y en la justicia operan a favor de estas mafias que fueron verdaderas mecánicas, que en forma permanente seducen y buscan corromper las estructuras de la administración de la justicia.
En Santiago del Estero esto fue así hasta que vino el excelente trabajo de la hoy Dirección de Tierras, dependiente del Ministerio de Producción, que en forma conjunta con Fiscalía de Estado puso freno a los abusos.
Cabe destacar que con las ventas de los campos fiscales se gana muy buen dinero, pero también se gasta para frenar denuncias y poder mantener inactivo y distraído a los controles del Estado. No es poco lo que estas organizaciones invierten en coimas parar frenar y adormecer denuncias, hacer perder expedientes, desmerecer y desconocer derechos, fraguar pruebas, y en casos hubo resoluciones y dictámenes judiciales absurdos, contra todo imperio de derecho y jueces severamente cuestionados.
Modus operandi
En el caso de las tierras públicas, en Santiago del Estero, ocurría lo mismo de lo que hoy está sucediendo en la provincia de Salta. La operación clásica consiste en ingresar a campos fiscales desocupados y alambrarlos, tarea que está a cargo de personeros, luego se “inventa” un supuesto ocupante (poblador viejo del lugar), que aparece “vendiendo” las supuestas acciones y derechos a una tercera persona mediante escritura pública.
Cabe recordar que por la venta de tierras fiscales se embolsa una interesante suma de dinero y en algunos casos le aseguran al comprador la obtención de toda la documentación necesaria para que legalice su situación a través de contactos en el Gobierno, en lo que es una re manida y vieja operación que con el transcurrir de los años la fueron perfeccionando, hasta que desde el Ministerio de Producción y Fiscalía de Estado, a cargo del Dr. Carlos Abate, se iniciaran las acciones legales y la recuperación de los campos y con ello se le puso, en Santiago del Estero, un límite al fraudulento negocio de las tierras públicas.
Prescripciones fraudulentas
Después de las maniobras descubiertas y la recuperación de las tierras fiscales, las mafias no se frenaron, y por todos los medios prepararon nuevas estrategias para quedarse con las tierras públicas y de esa forma comenzaron a verse en el ámbito de la justicia de Santiago del Estero los juicios de prescripción veinteñal, mediante la ocupación y posesión trucha, cuando se certifican ocupaciones y mejoras inexistentes para luego hacerlas prevalecer dentro de la ley de prescripción veinteñal.
En el departamento Copo, con el 74% de su superficie de la tierra correspondiente a lotes fiscales, se presentaron en la justicia santiagueña innumerables juicios de prescripción veinteñales y se descubrió que muchos de los principales actores de estos procesos judiciales se trataban de personas insolventes, que prestan su nombre y su ocupación de años en la tierra fiscal, moviéndose detrás de ellos verdaderas organizaciones.
Los Argañaraz robando madera del lote Choya.
Son numerosos los casos que se pueden informar al respecto de estas maniobras, pero sólo se citará el ejemplo más claro: es la situación de una familia de Rumi Pozo, la que forman parte de una verdadera ingeniería cuyos miembros prestan su nombre e intentaron apropiarse de las tierras fiscales y del propio pueblo mediante acelerados juicios de prescripción, negando en el proceso derechos y encerrando bajo alambre a los vecinos del propio pueblo de Rumi Pozo, a los que inclusive intentaron venderle el sitio en el que habían levantado su casa.
Los pobladores de Rumí Pozo, un pueblo aislado donde no llegan los diarios y mucho menos se difunden los edictos, nunca supieron del juicio de prescripción veinteñal, que la familia Argañaraz, gestionaban a sus espaldas, un juicio de prescripción aliados a una de estas organizaciones que se dedicaban a los negocios de prescripciones.
La desleal maniobra salió a luz, cuando mediante una resolución judicial los Argañaraz extendían el alambrado encerrando al pueblo de Rumi Pozo, medida que se llevaba a cabo mediante la absurda decisión de un juez, el que inducido por pruebas de falsas mejoras compartidas con los vecinos que según el magistrado hizo su posterior descargo, fue engañado mediante los informes falsos de ocupación y mejoras en lo que se habría considerado un deliberado fraude procesal (negaron la presencia física de ocupación, de sus propios vecinos) y en las certificaciones se incluyeron como mejoras propias a la represa y el pozo público, y se negó la presencia en el lugar de la escuela de Rumi Pozo.
Finca “La Esperanza”.
En este juicio de prescripción se aportaron pruebas de una posición que siempre fue compartida por varias familias asentadas en tierras fiscales en las cercanías del Canal de Dios, sobre los límites con Salta, y por ese motivo hubo planteamientos formales de los damnificados, y el superior Tribunal suspendió los efectos y tramite de la prescripción y está examinado lo que se supone se trataría de un posible fraude procesal, llevado a cabo por una de estas organizaciones que operan en la justicia santiagueña.
Se fueron a Salta
Los Argañaraz, una familia numerosa, después del revés que sufrieron en los juzgados santiagueños, ahora están operando en territorio Sslteño, donde encontraron socios y litigan en el ámbito de la justicia de esa provincia en la que aspiran prescribir más de 3.500 hectáreas de tierras privadas en lo que sería una perfecta maniobra, sustentada en antecedentes del lejano antepasado.
Las maniobras que no tendrían otro propósito de inducir a error a la justicia salteña y apropiarse de esa importante superficie de lo que parte de una propiedad privada pertenecían al territorio santiagueño y quedó subdividida por el reciente acuerdo de los limites interprovinciales.
El modus operandi es el mismo que utilizaron en el Tribunal santiagueño: confundir a la justicia mediante certificaciones y constataciones truchas para dejar abierto el camino, construyendo una posición mediante mejoras inexistentes, y sin duda lo hacen aprovechando la confusión que existe a partir de la construcción de los nuevos límites que separan a las dos provincias: Salta y Santiago, con el agravante de negar derechos a verdaderos ocupantes como es el caso de la familia de Andrés Palavecino, mientras que a otros los engañan aduciendo que les darán tierra una vez que la justicia los considere propietarios.
Finca “La Esperanza”.
Está claro que los Argañaraz y la organización que los respalda aprovecha la duda de lo nuevo, cuando en realidad en el imaginario de los lugareños no está aún claro cuáles son los límites que separan a una y otra provincia y cuáles son los verdaderos alcances del acuerdo interprovincial.
Se tiene conocimiento que, en las reuniones familiares, los Argañaraz se burlan recordando la forma de engañar a los funcionarios salteños que, desconociendo el nuevo territorio fijado por los limites, habrían verificado posición y mejoras que físicamente nada tienen que ver con la propiedad que aspiran prescribir.
No son pocos los que aseveran que detrás de estas maniobras judiciales operan verdaderas mafias de las que no son ajenos políticos de la región del departamento Anta.
Sin duda, los Argañaraz se las rebuscan, y con picardía se transforman en verdaderos ingenieros para fabricar posiciones y mejoras inexistentes, cuando en el expediente obran certificaciones de una posesión y mejoras que físicamente no existen, dentro de las 3.500 hectáreas del lote Choya, otra vez, como en Santiago del Estero, se utiliza un personero para luego, mediante constataciones truchas, inducir a error a la justicia de Salta.
Quién es María Guillermo
El Municipal Web profundizó la investigación en lo que respecta a este ultima prescripción veinteñal, que se tramita en los tribunales de la Justicia Salteña, y establece que María Guillermo Argañaraz, L.E. Nro. 8.132.532, es el principal actor mediante el expediente Nro. 215/12, caratulado Saad Gustavo Marcelo, Palavecino Andrés y Otros, demanda con la que aspira que la justicia salteña le otorgue el título de dueño de 3.500 hectáreas, parte de la propiedad privada denominada lote Choya.
María Guillermo Argañaraz nació en Rumi Pozo, Santiago del Estero y desde hace ya 45 años vive y trabaja de jornalero en la finca Pirpintos, paraje Luján, de Nuestra Señora de Talavera, provincia de Salta y lo puede certificar la justicia salteña en numerosos actos judiciales en el que estuvo involucrado en calidad de imputado, siempre por la misma causa: usurpación de tierras, donde expresa también el lugar al que pertenece, donde vive y tiene su domicilio.
Es que todos saben que María Guillermo Argañaraz prestó su nombre para el trámite judicial y sus antecedentes lo delatan de otras causas en la que fue indagado por delitos de Usurpación de Propiedad, en un hecho que nada tiene que ver con la propiedad que aspira prescribir.
En el expediente caratulado Usurpación de propiedad “Beltramo Luis Alberto, Argarañaz y Santillán Alonso, en perjuicio de Pérez Eva Patricia”, causa que se tramitó bajo el registro de expediente 684/07 en el Juzgado formal de 2da Nominación del poder judicial de la provincia de Salta, Distracto Judicial del Sur, de la ciudad de Metan, en lo que es otro hecho ajeno a la propiedad Choya.
Los pobladores del lugar a María Guillermo Argañaraz lo conocen por el apodo de “Severo” y les causa asombro y a otros jocosas risas cuando se les cuenta que reclama en la justicia salteña como propias 3.500 hectáreas de tierra, y aseveran que nunca las ocupó y jamás habría realizado ninguna mejoras y que la falsedad que obra en el expediente judicial se puede comprobar físicamente en el de las 3.500 hectáreas de lote Choya.
La falsa certificación
Los Argañaraz son hábiles ingenieros del engaño. Cuando los funcionarios salteños que vinieron a certificar, desconocedores del nuevo territorio, los llevaron a verificar la finca La Esperanza, posesión parte del lote Choya, que se quedó del lado de Salta, donde en el año 2010 se asentó Timoteo Argañaraz, quien encerró 800 hectáreas bajo alambrado, dentro de las cuales construyó mejoras y crió ganado y se le reconoce es legítimo ocupante, con una antigüedad de siete años. Claro que Timoteo no tiene tal antigüedad, ni la edad para poder prescribir en función del beneficio de la ley de prescripción veinteñal y entonces buscaron un personero.
En la finca “La Esperanza” es donde se copia todas las mejoras y se las traslada como si la inspección se realiza dentro de las 3.500 hectáreas que son independientes y corresponde a la posesión de Timoteo Argañaraz, en tanto que en las 3.500 hectáreas del lote Choya, en toda su extensión, está cubierto por monte y no existen rastros de ocupación ni mejora alguna, salvo una picada de reciente trazo por donde los Argañaraz, burlando, o con la complicidad de los controles, explotan en forma irracional el bosque y trasladan la madera en rollos en forma clandestina ante los ojos de todos los lugareños hacia un aserradero de la localidad de Taco Pozo (Chaco), acusados del supuesto delito de hurto de productos forestales en un hecho que lo cometen desde hace más de dos años con llamativa y curiosa impunidad.