La Justicia Federal investiga si los violentos incidentes en la Plaza Congreso fueron parte de un eventual “plan” para impedir por la fuerza la sesión de la Cámara de Diputados que iba a votar la reforma previsional.

La fiscal de la causa, María Magnano, caratuló la causa como intento de sedición o rebelión y el juez Sergio Torresinvestiga si los manifestantes que hirieron a 88 policías y causaron destrozos por $ 30 millones en la plaza fueron parte de un “plan” organizado con ese fin.

En un trabajo de identificación basado en videos y fotografías, se descubrió a un policía bonaerense del comando de la patrulla de Escobar, Damián Ferrero, tirando piedras a las fuerzas de seguridad que el jueves pasado custodiaban las inmediaciones del Congreso, durante la frustrada primera sesión para tratar la reforma jubilatoria, informa Clarín.

El sargento Ferrero fue desafectado ayer a la mañana por las autoridades de la Bonaerense, informa Clarín.

Por lo pronto, Torres también identificó, tras una presentación del secretario de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, a otro militante conocido como “El karateca”, que se llama César Javier Arakaki a quien le atribuyen haber golpeado con palos a un efectivo de la Policía de la Ciudad caído en la primera fila de contención de la manifestación del lunes.

Arakaki sería militante del Partido Obrero (PO) y profesor de Sipalki-do, según fuentes judiciales.

Otros de los manifestantes sospechados de hechos de violencia se llama Cecilia Burgeño y sería la militante del PO que se vio ante las cámaras de TV rompiendo con una maza un banco de la plaza, según las fuentes.

El juez Torres investiga los contactos de los violentos que ya han sido identificados y otros sospechosos, luego de ratificar el pedido de captura del ex candidato del Frente de Izquierda del partido de los Trabajadores de Santa Fe conocido como el “militante del mortero”, Sebastián Romero.

Los abogados de Romero apelaron el rechazo a la eximición de prisión de su cliente y ahora decidirá la cámara federal porteña.

Además de sedición, la Policía de la Ciudad acusó a estos sospechosos de los delitos de atentado, resistencia a la autoridad, daño, lesiones e intimidación pública.