Un mes después de declarar en la causa que se originó con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, el juez Claudio Bonadio procesó a la ex presidenta Cristina Kirchner con prisión preventiva. La acusa de “traición a la patria” y “encubrimiento agravado” por el Memorándum con Irán vinculado al atentado a la AMIA.

Como Cristina es senadora, el magistrado pidió su desafuero para poder detenerla. El caso pasa ahora a manos del Senado, donde de todos modos no estarían los votos para avanzar. Al menos hasta marzo.

La noticia se conoce cuando ya están detenidos otros acusados de la causa: el ex secretario Carlos Zannini, el ex piquetero Luis D'Elía y el dirigente de origen libanés “Yussuf” Khalil. El ex líder de Quebracho Fernando Esteche se entregaría cerca del mediodía. Bonadio también procesó al ex canciller Héctor Timerman.

A pocos días de jurar como legisladora nacional, el juez la procesó acusada de montar un “plan criminal orquestado” junto al ex canciller Héctor Timerman, diseñado para “dotar de impunidad” a los ciudadanos iraníes que tenían captura internacional pedida a Interpol por el atentado a la AMIA, pidió además su desafuero y detención.

La decisión consta en un dictamen de 365 páginas. Allí también se dispone el embargo de Cristina por 50 millones de pesos.​

La ex presidenta sumó así su cuarto procesamiento en la justicia federal a horas de la detención de uno de los hombres más importantes del kirchnerismo: Carlos Zannini.

Según informa el diario Clarín, la ex presidenta y los ex funcionarios de su gobierno fueron acusados por el fiscal Gerardo Pollicita el 7 de septiembre, de “encubrimiento agravado” por tratarse el atentado a la AMIA de un delito declarado de lesa humanidad y debido a que por su rol de funcionarios públicos, generaron “un impedimento o estorbo de un acto funcional e incumplimiento a los deberes de funcionario público”.

El “plan criminal” según la Justicia, estuvo “destinado a brindar ayuda para dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní” imputados por el atentado a la sede local de la AMIA. Este “encubrimiento” les permitió “eludir la investigación penal y sustraerse de la acción de la justicia argentina, en desmedro de los intereses de las víctimas y el real esclarecimiento del atentado.

Para la Justicia la principal responsabilidad del “accionar criminal denunciado” recae sobre Cristina Kirchner, pero alcanza a sus principales funcionarios de entonces: Zannini, Parrilli, la ex Procuradora del Tesoro Abbona, Timerman, Juan Mena y Andrés Larroque, entre otros.

Pero además, este “plan denunciado” contó con “canales paralelos de comunicación y negociación, no oficiales”, como “vías concretas, eficientes y confiables para avanzar con el objetivo criminal planeado”. En esta instancia, se incluyó a “un grupo de individuos estrechamente vinculado con funcionarios y ex funcionarios de los gobiernos involucrados”, que desde la informalidad, “contribuyeron estratégica y sustancialmente con las acciones necesarias para la concreción del plan”: Luis D´Elía, Fernando Esteche, Ramón Bogado, Héctor Yrimia y Jorge Khalil. Todos ellos ya declararon.