Las tensiones entre el Ministerio de Seguridad y la justicia federal en Bariloche a raíz de la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel, baleado por efectivos del grupo Albatros en un episodio bajo investigación, estallaron ayer públicamente cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que “el Gobierno no va a permitir que las fuerzas de seguridad actúen bajo una orden ilegal”. Se refería a las condiciones que, según el Gobierno, miembros de la comunidad mapuche de Villa Mascardi le habrían impuesto al juez Gustavo Villanueva para ingresar al predio ocupado y realizar los peritajes criminalísticos que permitan el esclarecimiento de la muerte. La autopsia reveló ayer que el joven murió por una bala 9 mm, el mismo calibre que utilizó la fuerza.

En una conferencia de prensa con su par de Justicia, Germán Garavano, Bullrich deslindó cualquier responsabilidad penal de la fuerza en el deceso del joven y apuntó a la inacción judicial.

“Fue una acción legal y legítima, totalmente enmarcada en la ley, dijo la ministra, en relación con el fuego cruzado que habrían intercambiado mapuches y miembros del grupo Albatros el sábado.

La preocupación del Ejecutivo se exacerbó ante el temor de que a tres días del hecho, en un predio cuyo número de ocupantes se habría incrementado, se modifique la escena del crimen, se levanten pruebas y se borren rastros. Más aún con los resultados de la autopsia practicada a Nahuel, que revelaron que el joven murió por una bala 9 mm, el mismo calibre que utilizó la fuerza nacional.

El proyectil ingresó por el glúteo izquierdo, comprometió órganos vitales y se alojó en la axila derecha, afirmaron fuentes policiales, citadas por el diario La Nación.

El temor ante una imputación penal a la fuerza mutó también en malestar. La amenaza está latente y apunta a no contar con elementos probatorios que demuestren que la Prefectura reaccionó en legítima defensa ante una agresión con armas de fuego, dijeron cerca de Bullrich.

También a que se reedite parte de lo que sucedió con el caso Maldonado: una fuerza de seguridad estigmatizada, la acusación -infundada para el Gobierno- de una acción represiva cuando mediaba una orden judicial de patrullar el predio y de buscar prófugos, sumado a que uno de los efectivos de Albatros pueda ser imputado de homicidio.

En el gobierno de Mauricio Macri causaron malestar las demoras de los peritajes -que, según fuentes cercanas a Bullrich, el juzgado había acordado que se realizarían ayer bajo ciertas condiciones-, las piedras arrojadas contra la Policía Federal por la mañana desde el predio y la falta de definiciones judiciales.