Por Cecilia Devanna.- La lista de afectados en el caso de posible espionaje ilegal que alcanza a jueces y camaristas, podría crecer en los próximos días con otros nombres. Por lo pronto, ya se investiga si Ricardo Lorenzetti, ex presidente de la Corte Suprema, fue otro blanco.

En principio, lo que se busca determinar en el expediente es con qué excusa distintos organismos del Estado, nacionales y provinciales, ingresaron a la Dirección de Migraciones para ver los movimientos de los magistrados y si es que a partir de allí se montó una estructura de espionaje.

La causa involucra distintos organismos del Ejecutivo, que salieron a desmentir las acusaciones, como hizo, entre ellos, la Unidad de Información Financiera (UIF), a través de un comunicado.  La investigación está a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Ramiro González. Entre los posibles espiados figura el propio Canicoba Corral, el magistrado envió ese tramo a sorteo, tras lo cual recayó en el juzgado de María Servini, otras de las que aparece en el listado.

La noticia del presunto espionaje, que fue primicia del portal El Destape, trascendió el miércoles, pero la investigación comenzó en abril de 2017, tras una autodenuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) luego de la publicación de un editorial de Carlos Pagni, otros de los afectados por el caso. La diferencia de más de dos años entre el comienzo del expediente y difusión de la información de alto impacto institucional es uno de los puntos que llaman la atención puertas adentro y afuera de los tribunales de Retiro.

En tanto que fuentes del Gobierno aseguraron que el problema es que Canicoba Corral “presentó un requerimiento a la UIF para conocer si se lo estaba investigando y, en apego a la ley vigente, el organismo lo rechazó”.  En el expediente, el principal punto del análisis son las consultas a la Dirección Nacional de Migraciones desde distintos usuarios en diferentes organismos públicos: el Ministerio de Seguridad, la AFIP, la Policía Federal, la UIF, Gendarmería, la Procuración General de la Nación, Prefectura, la Policía de la Ciudad, y dependencias de la Corte Suprema.

Entre los nombres de la lista original sobre los que se pidieron datos están: desde el cortesano Juan Carlos Maqueda, pasando por los camaristas Ana María Figueroa, Martín Irurzun, y los jueces Mariano Llorens, Rodolfo Canicoba Corral, María Eugenia Capuchetti, Sebastián Casanello, Daniel Rafecas, Luis Osvaldo Rodríguez, María Servini, Marcelo Aguinsky, Javier López Biscayart, Pablo Yadarola, Claudio Gutiérrez de la Cárcova, María Gabriela López Iñíguez, Sabrina Namer, Angel Nardiello, Sergio Paduczak, Javier Feliciano Río, José Martínez Sobrino y Nicolás Toselli, hasta Carlos Pagni y el dirigente Gustavo Vera.

Ayer en Comodoro Py se evocaba un episodio para dar cuenta de que este no es el primer caso de Inteligencia ilegal sobre magistrados. En junio de 2016 se publicaron una serie de notas periodísticas que daban cuenta de llamados desde el teléfono del juez Sebastián Casanello y dónde lo habrían tomado las antenas. Información que solo puede obtenerse en el marco de una investigación judicial, lo que no existía en ese caso. “Eso fue gravísimo, los datos eran producto de espionaje ilegal, liso y llano”, sostuvieron las fuentes consultadas. Por entonces, Casanello era víctima de una operación para correrlo del expediente de la “ruta del dinero K”, y se autodenunció para ser investigado, publica diario Perfil.

Como querellante, en una investigación encabezada por el fiscal Carlos Stornelli, logró que se probara la falsedad de dos testigos que afirmaban haberlo visto en la Quinta de Olivos. En tanto que a los presuntos instigadores de la maniobra, el fiscal Eduardo Miragaya y el abogado Santiago Viola, se les dictó la falta de mérito, por lo que siguen siendo investigados.