El debate por la emergencia alimentaria se reinstaló en los últimos días de la mano de la profundización de la crisis económica, -la devaluación post PASO y la disparada de la inflación-, y su impacto directo en la situación de los sectores más postergados. El reclamo se trasladó a la calle y provocó la reacción tanto del Gobierno, que busca contener la problemática, y la oposición, que llevará el tema en el Congreso, posiblemente pasado mañana.

Aquí, las claves de un conflicto arduo y complejo que irrumpió en la agenda política cuando falta un mes y medio para la elección presidencial del 27 de octubre.

En cifras

$10.258 millones: Es el presupuesto ejecutado al día de hoy por el Ministerio de Desarrollo Social en políticas alimentarias a nivel nacional. El presupuesto original era de $12.000 millones, pero el actual asciende a más de $18.000 millones.

$33: Es el monto que la provincia de Buenos Aires destinará para cubrir el almuerzo de cada niño. El monto aumentó como parte de la suba del 10 por ciento para las partidas en alimentos que el gobierno bonaerense dispuso para septiembre y octubre para quienes almuerzan en comedores del Servicio Alimentario Escolar (SAE).

$20,9: Es el monto que se destinará para el desayuno o la merienda de los niños que asisten a las escuelas del SAE, dependiendo del turno al que asistan.

Lo que dice el Gobierno

Aunque no descarta participar del debate para sancionar la emergencia alimentaria que la oposición impulsa en el Congreso, la Casa Rosada, cree que la jugada es meramente electoralista. También sostiene que lo que reclama la oposición ya está contemplado en la emergencia social, que prevé la posibilidad de reasignar partidas presupuestarias para cubrir necesidades alimentarias. Aunque no descartan avanzar con un decreto, y así desactivar un foco de presión opositora, el Gobierno aspira a que el tema se resuelva en el Congreso.

Lo que dice la oposición

El peronismo y el kirchnerismo convocaron a una sesión especial en la Cámara de Diputados este jueves. Impulsan un proyecto de ley que prevé prorrogar la emergencia alimentaria hasta 2022, aumentar al menos un 50 por ciento de las partidas presupuestarias destinadas a alimentación y nutrición vigentes este año y facultar al jefe de Gabinete para que trimestralmente actualice esas partidas tomando como parámetro la variación porcentual del rubro alimentos y bebidas del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

Lo que dicen los movimientos sociales

Son quienes la semana pasada reinstalaron la discusión y la presión en la calle para aprobar la emergencia alimentaria. Un sector, el más duro, prevé repetir el acampe que encabezaron la semana pasada frente al Ministerio de Desarrollo Social, aunque esta vez por 48 horas. Apuestan antes a lograr avances en una reunión con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley que ya solicitaron. Al frente de la protesta están el Polo Obrero y la facción de Barrios de Pie alineada con Libres del Sur. Ellos se diferencian del ala dialoguista que encabeza el denominado "triunvirato San Cayetano", que integran Esteban Castro (CTEP), Juan Carlos Alderete (CCC) y Daniel Menéndez (Barrios de Pie).

Lo que dice la CGT

En los últimos días, la central obrera se convirtió en un actor protagónico de la discusión, al punto de mediar entre el Gobierno y los movimientos sociales. Sin embargo, apoyan el reclamo por la sanción de la emergencia alimentaria y sostienen que su puesta en marcha es urgente. Lograron ayer avanzar con una tarjeta alimentaria para obtener descuentos para desocupados y personas cesanteado. Publicó La Nación.