Mientras la Argentina está en modo campaña electoral, su economía ya configura la herencia con la que deberá lidiar quien habite la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre. Deuda en dólares, aumentos postergados de tarifas y transporte, inflación, falta de divisas, déficit de cuenta corriente y presión cambiaria son algunos de los desafíos que asoman en el horizonte del año próximo y que le pondrán presión a una economía que habrá concluido dos años consecutivos de caída del producto bruto interno por primera vez desde la crisis del 2001 y que acumula una década de estancamiento.
La incertidumbre política hasta que las urnas definan quién gobernará el país es en sí misma un condicionante para el contexto económico y financiero actual y, a la vez, genera efectos que se arrastrarán para ser parte del panorama en 2020. Con su habitual movimiento al ritmo de las encuestas, las proyecciones de inversores y grandes capitales que miran a la Argentina sonríen cuando crece la intención de voto al oficialismo y, por el contrario, empeoran cuando suben las posibilidades de la fórmula Fernández-Fernández, como ocurrió a fines de abril.
"Va a ser muy difícil que el mercado le crea a Alberto Fernández, porque vienen con un problema de credibilidad de origen", sostiene Eric Ritondale, economista jefe de Econviews, la consultora fundada por Miguel Kiguel. La memoria del cepo cambiario y de la intervención del Indec, por ejemplo, es en este sentido la "pesada herencia" que arrastra la candidatura del Frente de Todos, publica Esteban Lafuente para La Nación.
Según plantea Federico Furiase, economista jefe de Eco Go, la incertidumbre política y su efecto en las variables financieras en los meses previos a la campaña serán clave para diagramar la economía de 2020. En ese camino, el Gobierno apuesta a mantener un dólar sin sobresaltos, a partir de una batería de medidas que incluye la intervención sobre el mercado de futuros, altas tasas de interés, una eventual venta de reservas del Banco Central -alg que el Fondo Monetario Internacional (FMI) habilitó en abril- y la venta de US$60 millones diarios por parte del Tesoro -una oferta de divisas en el mercado que concluirá antes de fin de año-.
"La condición inicial del año que viene va a depender de cómo termine 2019 y eso, a su vez, depende del contexto político. Una cosa es que el BCRA haya tenido que vender reservas con un dólar que se escapó, porque la condición de partida es mucho más desafiante; pero si se despeja la incertidumbre política y el BCRA no tiene que desprenderse de dólares, el punto de partida es mejor", sostiene el economista.
La posición del BCRA, al cierre de esta nota, luce más sólida que a fines de 2015. Según grafican en Eco Go, en noviembre de ese año el ratio entre pasivos del organismo en dólares y sus reservas netas era de 9,1 veces (tomando el tipo de cambio oficial), mientras que actualmente esa relación es de 1,3. El escenario, sin embargo, no escapa a los riesgos de un eventual salto cambiario y conforma otra de las herencias que en materia económica dejará esta presidencia. Hoy las Leliq del BCRA suman $1,3 billones (unos US$29.000 millones), cifra que equivale a alrededor del 5% del PBI. Como ocurrió el año pasado con las extintas Lebac, se trata de una montaña de pesos contenida que supera el circulante actual y representa una amenaza latente para la estabilidad cambiaria. La llave, otra vez, se vincula con el escenario político.
"Al Banco Central le resulta muy caro en términos de tasa -esta semana el nivel volvió a superar el 60%- mantener el crecimiento cero de la base monetaria y la estabilidad del dólar. Si se despeja la incertidumbre política, puede haber lugar para una recuperación de la demanda de dinero que absorba algo de expansión de pesos por el desarme gradual de las Leliq", agrega Furiase.
La problemática de los precios fue uno de los grandes fracasos de esta gestión. Si se cumple la proyección de una inflación de 40% para este año, el índice acumulará cerca de 250% en cuatro años. Luego del pico de 2018 (47,6%, el valor más alto en 27 años), el nivel de suba de precios se mantiene alto, aunque comenzó a desacelerarse gracias a la estabilidad cambiaria y al "plan calma" que el Gobierno diagramó con la mira puesta en las urnas. Ese combo de medidas, que incluyó postergar para después de las elecciones subas de transporte y tarifas de servicios públicos, entre otros rubros, serán la herencia negativa para la inflación en 2020. El adelanto del presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda proyecta una inflación de 26,1% para el año próximo, aunque el FMI la estimó en 32%.
"Por un lado, la cantidad de dinero en términos reales ha disminuido después de haber aumentado en las gestiones anteriores del BCRA durante este Gobierno, y la demanda local tampoco juega hoy de manera inflacionaria. Pero quedan las tarifas de servicios públicos, en particular de las de energía, que están dolarizadas; eso va a repercutir en una inercia inflacionaria", describe Martín Kalos, economista de Epyca Consultores, acerca de una dinámica que también incide sobre otros sectores sensibles como los combustibles o los medicamentos, e impacta negativamente en el bolsillo de una población que, según estimaciones privadas, alcanzó un nivel de pobreza de 35%.
Gasto atado a la inflación
El programa firmado con el FMI, que impone un nuevo ajuste para llegar a la meta de un superávit primario de 1%, reduce en este contexto las posibilidades de cubrir aumentos con subsidios. A este escenario se suma el ajuste, según la inflación pasada, de rubros sensibles como salarios y jubilaciones, que representan más del 60% del gasto de la administración estatal nacional. Central en el conjunto de "reformas estructurales" en las que insiste el FMI, este tema -junto con el sistema impositivo y el marco laboral- estará como uno de los temas protagónicos de la agenda a debatir en la próxima presidencia.
Otra luz amarilla que se enciende en el horizonte 2020 tiene que ver con los vencimientos de deuda. El Gobierno recurrió al crédito en moneda extranjera para financiar el fallido "gradualismo" de sus primeros años. Y la crisis desatada el año pasado expuso las vulnerabilidades del esquema. Las consecuencias ya se perciben en las cuentas fiscales. En el primer semestre, el pago de intereses de deuda creció 118% en términos interanuales para llegar a los $317.423 millones, principal factor que explica el déficit financiero incluso con el ajuste en el gasto que supervisa Nicolás Dujovne.
A su vez, de representar el 52,6% del PBI en 2015, la deuda bruta de la administración central en el primer trimestre del año escaló al 88%, según los números de la Secretaría de Hacienda, un factor que fue también advertido hasta por el FMI. "En el mediano plazo, la sustentabilidad de la deuda permanece altamente vulnerable a shocks", advirtió en su último staff report, difundido el mes pasado, al habilitar un nuevo desembolso por US$5385 millones. Al impacto negativo de un menor ritmo de crecimiento (el Fondo recortó de 2,2% a 1,1% su estimación para 2020, mientras que el Gobierno proyecta un 3,5%) se suma el riesgo de un movimiento al alza del tipo de cambio, que lleve el peso de la deuda en dólares a cifras más elevadas.
Para Fausto Spotorno, de OJF Asociados, la composición de ese endeudamiento abre una ventana. "Parte que está en manos del FMI y del propio Estado. La deuda con el sector privado es el 50%. No es infinanciable, pero eso te va exigir que haya superávit primario, porque es el dinero que tenés disponible para el pago de deuda", sostiene.
El programa financiero de Hacienda contempla una necesidad de US$27.000 millones, entre intereses, vencimientos de títulos locales y créditos multilaterales. En ese escenario, el Gobierno aspira a refinanciar la mayor parte de sus compromisos, en un supuesto que sumando lo que resta del crédito del FMI (alrededor de US$5900, cerca del 10% del préstamo) lo llevaría a tener que hacer colocaciones en el mercado doméstico por US$5200 millones. Adicionalmente, el plan 2020 supone la renovación de US$9500 millones en letras (US$4500 millones nominados en dólares y US$5000 en moneda local).
En esta dinámica aparecen nuevamente la incertidumbre electoral y la fragilidad macroeconómica argentina, que arrastra las consecuencias de la crisis de 2018 aún vigentes y su persistente dificultad para generar divisas genuinas. Así lo refleja el riesgo país, que muestra el costo del endeudamiento local y que esta semana volvió a ubicarse por encima de los 800 puntos y que está por encima del nivel de otros países de la región como Brasil, Chile, Paraguay o Bolivia. Por su parte, el Tesoro debió pagar tasas mayores al 7% anual en sus últimas licitaciones de Letes para colocar los títulos con vencimiento después de las elecciones, cuando además ya se habrá consumado la mayor parte de los desembolsos del acuerdo firmado con el FMI. La herencia para el próximo mandato incluye, en ete punto, el inicio de la devolución de ese préstamo, inicialmente pautado para 2022, o una eventual renegociación que supondría un cambio de esquema y nuevas exigencias del organismo.
"Hoy te estás financiando en situación de emergencia y es un costo muy alto. Normalizarlo implica que tenés que empezar a bajar la tasa que te cobran y es clave que empecemos a mostrar que podemos generar dólares con nuestra producción", plantea el economista Daniel Heymann. Su mirada pone el foco en las exportaciones, que el primer semestre de 2019 acumulan un crecimiento de 2,9%, dinamizadas por el sector agropecuario. La esperanza oficial radica en el desarrollo de Vaca Muerta, hacia donde el Gobierno también destinó millones en subsidios. "El shale oil puede apartar US$10.000 millones de exportaciones de tres a cinco años, y eso ayuda a corregir el déficit externo y a dar espacio a la expansión de la economía", proyecta Ritondale.
Según plantea el economista Ariel Coremberg, el desarrollo del sector externo es la llave para resolver los vaivenes de una economía que no crece desde 2011 y que tiene un PBI per cápita apenas superior al de 2010, según los registros del Banco Mundial. "La falta de divisas es el dilema que hace que tengamos tanta decepción que hace que cada vez que hay una reactivación no sea sostenible. La Argentina necesita dólares para pagar las importaciones que aumentan a medida que crece el país, para pagar su deuda pública y para solventar el atesoramiento en dólares", subraya el economista. Y añade: "Dos herencias a resolver son la inserción en el comercio internacional y eliminar el déficit fiscal estructural, que también involucra a las provincias".
Más allá del campo, que se recuperó tras la sequía de 2018 y del sector de las energías (renovables e hidrocarburos no convencionales), el escenario no entrega grandes expectativas, con el Gobierno ante las necesidades de bajar la carga impositiva y, al mismo tiempo, alcanzar el superávit. El FMI prevé una caída de 17,5% en la inversión este año y un alza de 0,4% el año que viene; con el esa proyección, el nivel de esa variable sería del orden de 14% del PBI hasta 2024.