Exceso de testigos de identidad reservada, arrepentidos, escuchas ilegales, espías, anónimos, presión de los medios y de los políticos. De todo eso habló la semana pasada el titular de la Suprema Corte Bonaerense, Eduardo De Lazzari, advirtiéndole a la Red de Jueces Penales de ese distrito que el sistema judicial de la Provincia de Buenos Aires corre el peligro de "contagiarse" de lo que está ocurriendo en la Justicia Federal.

La gobernadora María Eugenia Vidal, salió a presionar este domingo a De Lazzari diciéndole que, si existen esas anomalías, tiene la obligación de denunciarlas. Ayer el magistrado de la Corte le contestó con toda precisión. El fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, que le vendía información a la banda de Marcelo D'Alessio, ya está denunciado y apartado. El apriete de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a los jueces Luis Carzoglio y Gabriel Vitale ya está denunciado.

Hay un caso que tiene que ver con la línea de colectivos Expreso Lomas, en el que dos fiscales se lanzaron con una denuncia penal contra una jueza, pese a que el fallo de la magistrada fue confirmado por la Cámara. El caso está denunciado. Finalmente, el jury contra un fiscal, Oscar Acevedo, que habría creado un armado en una causa por homicidio, en combinación con abogados del imputado. Son evidencias de que la "contaminación" está avanzada y ante el señalamiento de esa situación que hizo De Lázzari, ayer recibió el respaldo de la Asociación de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, en la voz del juez de Casación Víctor Violini.

Desde el oficialismo, la respuesta llegó a través de la Procuración bonaerense: el procurador Julio Conte Grand, que responde a la gobernadora, le pidió a la justicia que investigue los dichos de De Lázzari.