El Máximo Tribunal convocó a estados provinciales demandantes y a la nación para empezar a dirimir el fondo por el cual se coparticipaban parte de las retenciones y el Gobierno derogó por decreto.

La Corte Suprema de Justicia comenzará hoy a dirimir una nueva demanda que podría afectar las cuentas públicas. El Máximo Tribunal citó a una audiencia pública al Estado Nacional y a seis provincias que demandaron la inconstitucionalidad del decreto por el cual se derogó la coparticipación de parte de lo recaudado por las retenciones a la soja. A partir de las 11 se harán presente funcionarios de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Catamarca, Formosa y Santiago del Estero, y el ministro de Interior, Obras Públicas y Viviendas, Rogelio Frigerio, y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, por el Estado Nacional, para participar de la primera de dos jornadas de audiencia pública.

En la Casa Rosada siguen con atención la causa ya que un fallo adverso tendrá impacto en las cuentas locales, se estima que se discute por un aproximado de U$S 1500 millones, algo que no contribuiría a cumplir la meta del déficit cero, mientras se espera que el FMI anuncie los resultados de la última revisión.

"El contexto en el que se creó el FoFeSo es sustancialmente diferente al contexto en el que se lo derogó, producto del aumento en las transferencias por coparticipación a las provincias. La derogación del FoFeSo no afecta ni transgrede el derecho intrafederal (ni normas y principios propios del denominado "federalismo de concertación")", explicaron en la Casa Rosada. "El Consenso Fiscal 2017 no mutó la naturaleza del FoFeSo y, de hecho, preveía su eliminación. La extinción del FoFeSo no afectó el financiamiento de obras en las provincias, en sus municipios y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Se redujeron los reintegros a exportadores, aumentando el IVA y por ende la coparticipación; y se creó el programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios por $ 4125 millones", se defiende una fuente social. Por el lado de los estados provinciales, la posición es que el DNU que derogó el FoFeSo "es inconstitucional".

A partir de esto es que cuantificaron el reclamo. Catamarca asegura que por este cambio dejó de recibir $ 1300 millones. Chubut, por su parte, reclama $ 900 millones, Formosa otros $ 1000 millones, Santiago del Estero $ 1455 millones Santa Cruz poco más de $ 500 millones, al igual que Tierra del Fuego que reclama $ 440 millones. El Gobierno insistirá con el argumento de que compensó las pérdidas mediante "el fuerte crecimiento de la coparticipación federal”. De acuerdo con lo proyectado en el presupuesto nacional, las provincias y CABA recibirían $ 162.000 millones adicionales a lo previsto.