El FMI podría exigir un ajuste fiscal adicional de unos $ 60.000 millones superior al previsto hasta ahora por el Gobierno para el año 2019, que asciende entre Nación y provincias a $ 500.000 millones. Así surge de las proyecciones económicas que acaba de publicar el organismo para Argentina y de los cálculos que se incluyeron en el propio Presupuesto –a pedido del Fondo—sobre el impacto en el déficit fiscal de la marcha de la actividad económica.
El FMI, en su World Economic Outlook (WEO), dado a conocer esta semana como parte de la cumbre anual del organismo, rebajó las proyecciones de la evolución de la economía argentina: ahora prevé una caída del PBI de 2,6% en 2018, y de 1,6% en 2019. La anterior estimación, en el acuerdo firmado con el Gobierno a fines de junio, era en el "escenario adverso" una baja del producto de 1,3% en 2018 y un 0% de crecimiento para 2019. Todos estos datos son elaborados por el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, que comanda el mexicano Alejandro Werner y para el caso argentino sigue el italiano Roberto Cardarelli, quienes mantienen línea abierta permanente con Nicolás Dujovne. Al margen del grosero fallo de pronóstico, que ratifica el fracaso el primer acuerdo con el Fondo, lo importante ahora es contrastar la nueva proyección del FMI con los números del Presupuesto 2019 que Dujovne envió al Congreso.
Allí se prevé una contracción del PBI de 2,4% para este año; pero, lo más relevante en términos de las metas fiscales, una caída de solo 0,5% para 2019. Es decir que para el Fondo Monetario habrá 1,1 puntos menos de actividad de lo que dice el Presupuesto, lo cual impactaría sobre las previsiones de recaudación para llegar al "déficit cero", en términos primarios (antes del pago de los intereses), informa Diario Panorama.
En el propio Presupuesto 2019 –en un novedoso capítulo llamado "riesgos fiscales"— se aclara que "una reducción de 1% en la tasa anual de variación del PBI en relación al escenario base utilizado para la proyección presupuestaria redundaría en una pérdida por impactos directos de 0,3% del PBI ($ 57.000 millones) en la recaudación de impuestos nacionales y de 0,2% del PBI ($ 32.000 millones) en los recursos tributarios de la Administración Pública Nacional". Luego dice que "un menor crecimiento económico no afectaría de forma directa los gastos primarios de la Administración Nacional. Sin embargo, en el marco del acuerdo stand-by vigente con el FMI, una desaceleración de la actividad económica con su posible impacto en el mercado laboral, podría implicar la posibilidad de incrementar el gasto social en 0,2% del PBI ($ 36.500 millones). Y concluye: "considerando entonces el impacto de un menor crecimiento sobre los recursos tributarios y un mayor gasto social, un desvío negativo de 1% en la pauta estipulada de crecimiento económico impactaría en 0,4% del PBI en el resultado primario de la Administración Pública Nacional". En un cuadro del Presupuesto se precisan las cifras exactas de ese desvío: no habría déficit "cero", sino un déficit de 0,4% del PBI, que significarían un rojo de $ 68.713 millones.