El secretario de Energía, Javier Iguacel, aseguró que "con todo gusto" se presentará ante la Justicia para explicar las razones por las que el Gobierno decidió compensar retroactivamente a distribuidoras de gas por la devaluación, recargando consumos ya pagados por los usuarios.

Tras la denuncia penal del fiscal Marijuán por los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” y la lluvia de amparos que se prevé en todo el país, se esperaba revisión por parte de Iguacel, lo que finalmente no tuvo lugar. De hecho, el Ministro de Interior, Rogelio Frigerio, había dicho que iba a “discutir con la oposición medidas para amortiguar el impacto en el bolsillo de la gente”.

Sin embargo, la decisión final provino desde la cartera de Economía, que siguió las estrictas indicaciones del FMI. La intención de la Secretaría de Energía era compensar la deuda de $ 10.600 millones mediante la emisión de un bono para evitar trasladarles el costo a los usuarios, cosa que fue denegada por el organismo internacional.

Los probables números

La decisión es cobrar a los usuarios cuotas extra en forma mensual durante dos años, indexadas. La mayoría de los especialistas considera que la tasa de interés tenderá a subir producto de la política monetaria del Banco Central. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que a la tasa actual, la relación de intereses pagados sobre el monto refacturado será del 87%.

Según Iguacel, las cuotas se ubicarán en torno a los $90 y $100 en promedio y pagarán una tasa de interés que hoy llega al 47,5%. Iguacel aseguró que los usuarios pasarán a pagar “algo más de $700 en promedio” por factura, pero reconoció que “pueden llegar a los $ 3.000 por bimestre durante el invierno”.

Los analistas del mercado advirtieron que “El promedio puede ser engañoso, ya que no se calcula por usuarios individuales, sino por categorías de consumo. Cuando el promedio de aumento tarifario fue de 34,7%, más del 70% de los usuarios -categorías R1 y R2- tuvieron incrementos superiores al 50%.

Ofensiva legislativa

Así, varios sectores salieron a cuestionar la iniciativa de la Secretaría de Energía que establece un aumento de la tarifa de gas retroactiva, que compensa a las empresas distribuidoras de abril a septiembre, por el aumento del dólar, y las diferencias que generaron.

Diversos sectores de la oposición y de la Justicia anunciaron presentaciones legislativas y legales para oponerse a la nueva suba de gas, con la que el gobierno quiere compensar las pérdidas de las empresas de ese sector por la devaluación. El fiscal Guillermo Marijuan interpuso una denuncia penal contra el Secretario de Energía, Javier Iguacel, para dejar sin efecto los incrementos, mientras intendentes del PJ bonaerense analizan presentaciones similares.

Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, anunció que presentará un amparo contra la suba del gas, mientras que en la Cámara de Diputados el presidente del bloque justicialista, Pablo Kosiner, anticipó que impulsará un proyecto para pedir la derogación de la medida.

Lorenzino anunció que “estamos interponiendo un recurso de reposición contra este traslado y un riesgo empresario que alguien tiene que asumir pero no es la gente”. Agregó que deberán ser “las empresas, el Estado, la mala praxis del gobierno” y consideró que “es una medida ilegítima que vamos a recurrir, y si no vamos a recurrir a la Justicia, ya que tenemos tiempo hasta el 1 de enero que es la fecha de entrada en vigencia”.

En Diputados

Por su parte, el jefe del Bloque Justicialista, Pablo Kosiner, aseguró que “el gobierno primero dolarizó las tarifas, después devaluó y más tarde llevó la tasa de interés a niveles nunca vistos. Ahora dice que, por esa devaluación, los usuarios deben pagar otra vez por el gas que ya usaron. Medidas como ésta no hacen más que agrandar los problemas de la gente, por eso pedimos su derogación”.

“El Gobierno nacional sigue perjudicando a los argentinos con medidas inéditas”, consideraron los diputados y las diputadas nacionales justicialistas. “Este aumento fue impuesto sin procedimientos adecuados y desconociendo la capacidad de pago de los usuarios. Expresa la falta contacto con la realidad que tiene el Gobierno y su aplicación generaría un peligroso antecedente”, aseguraron.

Asimismo, en declaraciones a Radio Continental, la diputada Romina del Pla (Partido Obrero) advirtió que “El gobierno enfrenta la inviabilidad de su plan económico. Para amortiguar la devaluación, el gobierno aumentó subsidios a las gasíferas, pero el retorno a una política de subsidios choca con su propio ajuste fiscal. Que los trabajadores debamos compensar a pulpos como Total y Pan American Energy es repudiable. A este nuevo golpe al servicio de los pulpos petroleros lo derrotaremos con la movilización popular”.

Los intendentes

Desde el lado de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, dos jefes comunales, como Alberto Descalzo (Ituzaingó), y Gabriel Katopodis (San Martín), también anticiparon que presentarán amparos por el incremento de las tarifas. “Junto con otros intendentes estamos llamando a la gente a no pagar el tarifado retroactivo de gas y haremos prestaciones judiciales en todo el Conurbano”, indicó.

Por su parte, el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, rechazó el aumento en la tarifa del gas retroactiva, consideró que “es ilegal, irracional y arbitraria”, y adelantó que mañana se presentará a la Justicia con una medida de amparo para frenar la resolución. Además, dijo que está “hablando con los intendentes de la primera y tercera sección electoral para también analizar medidas en conjunto”.