El esquema de contención del Gobierno está cerca de desbordarse y, sin medidas de fondo para paliar las malas noticias económicas, en las próximas semanas la conflictividad callejera será muy elevada. Este es el diagnóstico que hacen las organizaciones sociales sobre el momento que atraviesa la maltrecha economía.
El "lento y doloroso" camino que eligió el Gobierno para salir de la crisis económica que atraviesa la Argentina desde abril no los conforma. Tampoco los refuerzos de asistencialismo que ya desplegó el Ministerio de Desarrollo Social, que encabeza Carolina Stanley, como el aumento "escalonado" del dinero que transfiere directamente a los programas y la ayuda alimentaria en comedores y merenderos, lograron aliviar los efectos de la tormenta cambiaria que afectó a la economía.
El impacto de la crisis ya se percibe en los estratos más pobres de la sociedad, según lo reconocen en el Gobierno, movimientos sociales y la Iglesia.
La inflación, en una espiral ascendente descontrolada -según consultoras especializadas en agosto podría alcanzar el 4% y cerraría el año por encima del 32%-, la actividad económica cayó 6,7% en junio, sumado a la fuerte devaluación del peso y la caída del empleo, principalmente el informal, generaron un escenario complejo y de difícil resolución.
Por eso, después de varias semanas sin movilizaciones, anteayer la Ciudad de Buenos Aires volvió a transformarse en el epicentro de los reclamos sociales: docentes y organizaciones sociales lideraron las protestas. Pero la cuestión no terminó ahí: los docentes bonaerenses ya anunciaron un paro en las escuelas para el martes, miércoles y jueves. El viernes, además, se movilizarán. Lo mismo ocurre con los docentes universitarios, que programan para el jueves una marcha federal.
"Hay mucha tristeza y crece el malestar. El Gobierno apostó a transitar por la cornisa. La gente va a salir cada vez más a la calle, nosotros ya alertamos al Gobierno", dijo Daniel Menéndez, de Barrios de Pie. Este análisis lo comparten el resto de los líderes de las organizaciones, como Juan Grabois (CTEP) Emilio Pérsico (Movimiento Evita) y Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
La emergencia
Uno de los requerimientos que le manifestaron a la ministra Stanley fue la necesidad de declarar la emergencia alimentaria. Para el Gobierno, al menos por ahora, no es una opción.
En la Casa Rosada siguen con atención cada movimiento. Las encargadas de evitar el "desborde" son Stanley y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. El foco de ayuda está, principalmente, en el conurbano bonaerense.
¿Y la CGT? Por ahora no hay una señal clara. En medio de un sinfín de internas, parte de la central obrera propondrá el jueves, en el plenario, una medida de fuerza para el próximo mes. Pero aún no está claro quién se impondrá en la pulseada entre los gremios acuerdistas, que se oponen a un paro nacional, y los sindicatos más combativos, con la familia Moyano y Juan Carlos Schmid como principales promotores.
Eso sí, para subir la presión, en la CTA buscan exponer a los dirigentes sindicales dialoguistas y, así, forzar una medida de fuerza nacional. El que lo expresó claramente fue Pablo Micheli: "Tenemos que construir un paro nacional de 36 horas para septiembre para ponerle freno a esta política de ajuste brutal del Gobierno de Mauricio Macri".
El Gobierno insiste en que no habrá un aumento adicional al ya anunciado. Los 450.000 beneficiarios de los programas sociales cobran $5000 (representa la mitad del salario mínimo, vital y móvil), pero cerca de Macri admitieron que posiblemente termine el año cerca de los $6000.