Por Tony Villavicencio | Centenares de trabajadores municipales padecen los cambios de gestión y los excesivos despidos, cuando en realidad son los pases de facturas políticas de los que llegan al cargo culpando de todo lo malo al que se fue.

Quimilí, Añatuya, Colonia Dora, entre otras municipalidades de la provincia encabezan los despidos para centenares de trabajadores municipales con consecuencias desbastadoras en sus respectivas familias.

La estabilidad del empleado municipal y la problemática consecuente en orden a la permanente queja del presupuesto para justificar lo que es un abuso en una clara desviación de poder, por parte de algunos intendentes que culpan de los despidos a la gestión que paso, cuando son ellos mismos los que firman el decreto de cesantía.

En los municipios la variable de los ajustes es el trabajador, que aún sigue pagando la costosa moneda de la inseguridad y la zozobra que angustia a cientos de hogares Santiagueños.

Los vaivenes políticos amenazan otra vez con tornar ilusoria la garantía de la estabilidad consagrada en el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Anuncios oficiales para declarar a los agentes estatales en estado de comisión o racionalizar una vez más la administración, vuelven a centrar el debate en un tema que, para colmo de males, no cuenta con el apoyo de los niveles superiores de una justicia manipulada, sorda y muda que no se pronuncia a derecho sino a favor del poder político.

Mediante mi profesión y después de haber recorrido 30 años los municipios de nuestra provincia, aprendí el pleno reconocimiento de las garantías que le confiere el ordenamiento legal del empleado municipal, a fin de vislumbrar los motivos que conducen a trazar la comparación que antecede con especial énfasis en los giros y contragiros de algunos políticos que no reconocen los derechos del empleado municipal.

Claro que hay municipios de 1ra categoría, con su carta orgánica propia; y de 2da y 3era tercera categoría que se rigen por la ley de municipalidades donde se establece los derechos y obligaciones del empleado municipal, empero hay municipalidades en las que no se respeta ni el escalafón del empleado municipal.

Con el propósito de lograr una aceptable comprensión del tópico que nos convoca, aparece imprescindible laminarmente trazar un repaso de ciertos conceptos que, no obstante, básicos y por demás conocidos, constituyen el eje orientativo a la luz del cual, según entendemos, cabe examinar esta peculiar modalidad de prestación de servicios y hay intendentes y concejales que asumen y desconocen las reglas básicas que garanticen y valoren en sus derechos al empleado municipal.  

La inestabilidad laboral del empleado municipal, salvo pocas excepciones, logra frenar la decisión del poder político como ocurrió ayer en la ciudad de Quimilí, donde el intendente Diego Ponti, a cuatro días de su asumir, fracasó en el intento de despedir a 74 empleados municipales de planta permanente.